El juez vivía con su esposa, sus dos hijas y una trabajadora doméstica. Rentaba esa casa en una buena zona, en la colonia Real Vista Hermosa, de la ciudad de Colima.
La mañana del martes 16 de junio del fatídico 2020 un grupo de sicarios se metió a su hogar. Eran apenas las once de la mañana, cuando con armas largas arremetieron contra el juez Uriel Villegas Ortiz y su esposa. Las niñas de tres y siete años, junto con la mujer que laboraba en el hogar, fueron testigos del horrible suceso.
Villegas Ortiz apenas tenía desde febrero en funciones, había llegado a Colima desde Jalisco, allá fungió como juez en un caso de Rubén Oseguera González "El Menchito”, hijo del capo Nemesio Oseguera "El Mencho”.
Villegas era conocido por su arrojo y valentía, era oriundo de Ciudad Juárez, Chihuahua. En la frontera, se forjó con el ánimo de impartir justicia, luego de deambular por diferentes estados de la República, logró su cometido; sin embargo, las balas de los cobardes terminaron con su ascendente carrera.
Lamentablemente, en México hemos agotado nuestra capacidad de asombro. Todas las vidas deben de ser valoradas de la misma manera. Sin embargo, el que un juez haya sido asesinado con signos del crimen organizado debe de llamarnos toda la atención.
La muerte de un juez equivale a una situación drástica de inseguridad, es una batalla que pierde toda la sociedad; él fue un representante del Poder Judicial. Un juez menos es una situación que agrava la criminalidad.
En una nación tan convulsionada y con grandes problemas por causa del narcotráfico, el que se hayan atrevido a cometer un homicidio tan artero, en la plena luz de la mañana, en el hogar del juez y junto con él arrebataran la vida de su esposa (que a todas luces era inocente) es un desafío a todas las instancias del Estado, pero también es una demostración del poder que ejercen los grupos delictivos en el país.
La muerte de un juez federal es una provocación al Gobierno y a sus instituciones. Es una alerta máxima contra la paz social; es una declaración de guerra.
Ante el fallido discurso de serenar al país, luego de años sangrientos en una guerra que finalmente perdieron los gobiernos, al día de hoy, debemos volver a poner nuestros ojos en lo que realmente es importante para nuestras sociedades. Continuamos bajo un clima de violencia que arrecia todos los puntos cardinales en el país y seguimos peleándonos y discutiendo por temas mucho menos importantes.
La polarización en el país demuestra que los sucesos verdaderamente trascendentales no son atendidos. Porque la muerte de un juez a manos de los criminales, en otro país, sería suficiente para detenerlo todo, para hacer un fuerte llamado por parte de un gobierno empático con su sociedad y ponerle un alto a los criminales.
Sin embargo, en el país que cambia de tema diariamente, muy probablemente este crimen podría quedar impune e incluso lo podríamos olvidar fácilmente, pues hay tanta muerte a causa de la violencia, que la muerte de un juez, pudiera ser catalogada como “una más del montón”.
Este crimen debe de ser emblemático. Por la trascendencia que debería de tener este caso, los cárteles y los capos deberían de estar aterrados y los gobiernos mostrar la mano pesada de la ley, para enviar un mensaje de que los grupos criminales no se deben atrever a tocar las instituciones en el país.
Fue un juez, su honorabilidad y labor fueron atacadas y destrozadas con sangre. Ese agravio a la sociedad no puede ser acallado. Debemos volver a sorprendernos e indignarnos, porque si los grupos delictivos siguen atreviéndose a atacar a servidores públicos, esto podría escalar y un día nos podríamos enterar de ataques directos a gobernadores o funcionarios federales de primer nivel. No debe ser considerado insignificante lo ocurrido.
La muerte de un juez a causa de los balazos debe enlutar al país y hacer un alto a esa normalidad, en la densa violencia que vivimos día a día.
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