La crisis económica derivada de la pandemia, supone nuevos estándares para medir el impacto y, establecida la base del decrecimiento en términos reales, plantear medidas de reactivación. El impacto es de tal magnitud, que se hace preciso valorar desde diversas perspectivas las rupturas en la cadena de valor y su afectación en la confianza social y la recuperación de los mercados.
#ColumnaInvitada | La crisis económica COVID-19
En un ciclo en el que se proclamaba el combate a la corrupción como meta central, la pandemia refocalizó el debate y es ahora necesaria la reconducción del país hacia temas de orden económico.
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Importa entender que estamos frente a una tasa de desempleo abierto que el INEGI ubicó en 12.5 millones de personas, mismas que requieren, además de reincorporarse a la actividad económica, recrear entornos y cadenas de valor, lo que implica poner en perspectiva de todo nivel de autoridad y de la sociedad civil organizada, que se está bajo una circunstancia sui generis y que las fórmulas de reactivación típicas, podrían resultar insuficientes si no se repondera que la afectación superior impacta en la confianza. Hay temor fundado a que la economía siga decreciendo y temor infundado de que las medidas de recuperación no funcionarán, pues como consecuencia de la polarización, se plantean posiciones encontradas entre el sector oficial y productivo.
La economía mexicana nunca alcanzó niveles de fortaleza estructural que permitan tasas de crecimiento sostenidas o capacidades productivas que puedan sustentar al país sin dependencia del gasto público o del empréstito internacional. Podrá estarse a favor o en contra de quien tomó las medidas que condujeron al país al actual modelo, pero la realidad superó ideologías y, a partir de esta crisis es preciso plantearnos como sociedad, no los quiénes, sino los cómo, para enfrentarla en al menos tres etapas:
Primera: contrarrestar caída del consumo; segunda: evitar transición de pobreza intermedia a extrema y de extrema a alimentaria del 30% de los mexicanos; tercera: generar acuerdos multimodales y plurisectoriales entre gobierno, sociedad civil y sector productivo que generen un ciclo económico virtuoso que valore las empresas con mayor creación de empleo y las coloque en el primer círculo del beneficio en el gasto público supervisado en cómo usan las utilidades bajo estándares internacionales.
Asimismo, entender que el sector informal además de ser el más extenso, es primera línea en la actividad económica, por lo que debemos crear parámetros de reactivación y supervisión del mismo, impulsando su cadena de suministro y orientando una parte del gasto de bolsillo (que deberá tener ingrediente público) a estos microentornos hoy demolidos por la pandemia.
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Una visión ortodoxa (sea de izquierda o de derecha), podría tener consecuencias desatrosas si no se entiende que el contra ciclo mexicano depende de variables endémicas y laxitudes institucionales instaladas, que implican un enorme esfuerzo de consenso intersectorial basado en la comprensión de que el ciclo gasto-ingreso-renta-ahorro-crecimiento no depende de una variable o acto, sino de una ruta cimentada en el buen diagnóstico que sea soportada por la confianza en el plan, más que en los actores.
Estamos obligados a entender que lo que está en juego es la supervivencia del régimen, y que habrá profundas afectaciones al Estado, si no se resuelve de manera consensuada y rápida una etapa de reactivación que, aún bien planeada y conjuntamente operada, nos tomará de 24 a 36 meses para percibir los efectos.
Ante este panorama se relativizan valores ideológicos y político-electorales para centrarnos en el flujo de bienes, servicios y recursos a todos los sectores productivo y social que deben ser entendidos desde la función pública como depositarios del proceso de crecimiento y desarrollo, concepto que es, en términos económicos, único.
Privilegiar al sector social o al productivo adolece de sentido en el ciclo pues, uno gasta y se refuerza en el otro. El sector social se desarrolla si el sector productivo crece: a mayor capacidad productiva y de mercado, mayor ingreso en las familias y capacidad de gasto. El ahorro interno ha sido herido de muerte y carece de sentido el ahorro en gasto público frente al costo social derivado de la incapacidad de compra de los individuos y las familias.
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En un ciclo político en el que se proclamaba el combate a la corrupción como meta central, la irrupción de la pandemia refocalizó el debate y es ahora necesaria la reconducción del país hacia temas de orden económico y su colateral financiero y de bienestar. No alcanza una política pública, provenga de quien provenga, para semejante impacto.
Los factores de la producción, la sociedad y el gobierno, debemos disminuir el tono de confrontación para crear nuevos parámetros para el decrecimiento actual. No hay solución que pueda ser desdeñada; cierto es que los “rescates” del pasado implicaron irresponsabilidad en el sector privado y enriquecimiento de muchos actores financieros, pero eso no es producto de la fórmula, sino del engañoso modo en que fue instrumentada.
En conclusión, las reservas de las que México dispone en su nivel activo (como bienes de capital y reservas) y en su nivel pasivo (como capacidad de endeudamiento), deben ser ponderadas y aplicadas bajo un nuevo modelo de gasto que tenga, por único objeto, la reactivación económica y el bienestar de los mexicanos.
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Nota del editor: La autora es diputada local en la CDMX.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.
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