El segundo ejemplo es Nuevo León, donde el Congreso votó el dictamen para requerir a los padres de familia permiso escrito para autorizar o rechazar que sus hijos reciban educación en temas de sexualidad, reproducción y género en el sistema educativo. El asunto conocido como “pin parental” fue por demás llamativo para medios, especialistas, grupos organizados y ciudadanos, toda vez que se trataba de un asunto cuya constitucionalidad estaba en cuestión. El asunto motivó un exhorto (vía Twitter) de la Secretaría de Gobernación para que los congresistas locales velaran por los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como respetar la rectoría del Estado sobre los contenidos educativos. Después de ser aplazada la votación en tres ocasiones, finalmente el dictamen no reunió los 28 votos requeridos para su aprobación.
Un tema estructural en el que los Congresos locales también registraron actividad legislativa fue el político-electoral. Y no es de extrañarse, pues el próximo año habrá elecciones de gobernador en 15 estados, de ayuntamientos en 30 y de Congresos locales en 30, y los plazos legales para hacer cualquier modificación en la materia vencían justo en el mes de mayo, en la mayoría de las entidades.
Así, en los Congresos de Chiapas, Querétaro, Yucatán y Sonora se buscó ajustar los calendarios de los comicios a raíz de la contingencia, lo que les daría más tiempo para modificar las constituciones locales. En Morelos, se promovió un proyecto para aumentar el número de diputados locales, mientras que en Colima se discutió y rechazó una propuesta para reducir las diputaciones plurinominales. De igual modo, la comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Baja California aprobó un dictamen que busca eliminar a los “diputados de lista”. Por su parte, los Congresos de Oaxaca y Guerrero iniciaron la armonización de sus leyes con la reciente reforma federal para prevenir y erradicar la violencia política en razón de género, un tema que deberá ser legislado en todo el país en este año.
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Mención aparte merece el caso de Veracruz, donde la mayoría de Morena hizo avanzar reformas para reducir el financiamiento público a los partidos políticos, desaparecer los consejos municipales y modificar la cadena de custodia de los paquetes electorales, tema que han suscitado resistencia en algunos cabildos como el de la capital.
Más allá de lo anecdótico, este análisis deja ver los claroscuros de la actividad legislativa en los estados.
