En lo coyuntural, destaca lo hecho por las legislaturas de Chiapas, Colima, Coahuila, Durango, Nuevo León, Querétaro, Oaxaca, Yucatán, Jalisco, Puebla, Nayarit y Veracruz, que modificaron sus códigos penales para sancionar las agresiones contra personal de Salud, con sanciones que van desde tres días a cuatro años (Chiapas), hasta los 45 años de prisión aprobados por el Congreso de Coahuila.
También como fruto de la emergencia, algunas legislaturas han modificado leyes en materia de finanzas públicas, casi siempre por iniciativa de los ejecutivos locales. A inicios de abril, la Cámara de Diputados de Tamaulipas autorizó al gobierno del panista Francisco Cabeza de Vaca un endeudamiento por 4.6 MMDP para atender la contingencia sanitarita, así como para proyectos de infraestructura en obras públicas. De igual modo, el 21 de mayo el Congreso local de Jalisco aprobó una iniciativa de decreto presentada por el gobernador Enrique Alfaro que autoriza la ejecución de un plan de obra pública mediante un crédito de 6 mil 20 millones de pesos a ser pagado en 20 años. Ese mismo día, el Congreso de Yucatán rechazó la solicitud del gobernador panista Mauricio Vila Dosal, para contratar un crédito por 1,728 millones de pesos para reactivar la economía. Mientras que el 30 de mayo de 2020 la Cámara local de Zacatecas aprobó una reducción del Presupuesto de Egresos de la entidad en 360 millones de pesos, a causa de la disminución de ingresos por la contingencia sanitaria. Por su parte, el de Chiapas se convirtió en el primer Congreso local que aprobó en sesión virtual el dictamen de la Cuenta Pública Estatal.
La contingencia sanitaria ha sido, también, pretexto para que algunas legislaturas aborden temas estructurales, que polarizan a la sociedad.
Un primer ejemplo es el de las comisiones unidas de Justicia y Salud Pública del Congreso de Guanajuato, donde se aprovecharon sesiones virtuales para rechazar dos iniciativas que buscaban despenalizar el aborto en la entidad. De igual modo, el pleno del Congreso local de San Luis Potosí votó el 21 de mayo en contra de una ley para legalizar la interrupción el embarazo. Al respecto de estas deliberaciones, diversos grupos cuestionaron la viabilidad de llevar a cabo discusiones legislativas ante la imposibilidad de hacer públicas las sesiones de los representantes; además, en un escenario de contingencia, se restringe la posibilidad de realizar protestas en contra de las resoluciones tomadas por los diputados.
