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#BuróParlamentario | Legislar en tiempos de #Covid_19

El trabajo legislativo en medio de la epidemia de coronavirus conlleva la enorme tentación de cambiar leyes y hacer transitar agendas de ciertos grupos e intereses.
mié 03 junio 2020 06:30 AM
Pleno de San Lázaro
El recinto de San Lázaro se quedó sin actividad plenaria por desacuerdos y protestas de alcaldes.

Una de las funciones más importantes del Poder Legislativo es atender las problemáticas –coyunturales y estructurales– que enfrentan las colectividades. En Buró Parlamentario nos preguntarnos si, ante la emergencia sanitaria por COVID-19, los Congresos de las distintas entidades de nuestro país han mantenido esta función esencial.

Un seguimiento a los contenidos de la labor parlamentaria subnacional en los últimos tres meses deja ver que, en contraste con la parálisis de las Cámaras a nivel federal, diversos Congresos locales atendieron asuntos de enorme importancia para la población en dos niveles: lo coyuntural (normas para hacer frente a la emergencia sanitaria) y lo estructural (temas de fondo que ya estaban en sus agendas legislativas).

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En lo coyuntural, destaca lo hecho por las legislaturas de Chiapas, Colima, Coahuila, Durango, Nuevo León, Querétaro, Oaxaca, Yucatán, Jalisco, Puebla, Nayarit y Veracruz, que modificaron sus códigos penales para sancionar las agresiones contra personal de Salud, con sanciones que van desde tres días a cuatro años (Chiapas), hasta los 45 años de prisión aprobados por el Congreso de Coahuila.

También como fruto de la emergencia, algunas legislaturas han modificado leyes en materia de finanzas públicas, casi siempre por iniciativa de los ejecutivos locales. A inicios de abril, la Cámara de Diputados de Tamaulipas autorizó al gobierno del panista Francisco Cabeza de Vaca un endeudamiento por 4.6 MMDP para atender la contingencia sanitarita, así como para proyectos de infraestructura en obras públicas. De igual modo, el 21 de mayo el Congreso local de Jalisco aprobó una iniciativa de decreto presentada por el gobernador Enrique Alfaro que autoriza la ejecución de un plan de obra pública mediante un crédito de 6 mil 20 millones de pesos a ser pagado en 20 años. Ese mismo día, el Congreso de Yucatán rechazó la solicitud del gobernador panista Mauricio Vila Dosal, para contratar un crédito por 1,728 millones de pesos para reactivar la economía. Mientras que el 30 de mayo de 2020 la Cámara local de Zacatecas aprobó una reducción del Presupuesto de Egresos de la entidad en 360 millones de pesos, a causa de la disminución de ingresos por la contingencia sanitaria. Por su parte, el de Chiapas se convirtió en el primer Congreso local que aprobó en sesión virtual el dictamen de la Cuenta Pública Estatal.

La contingencia sanitaria ha sido, también, pretexto para que algunas legislaturas aborden temas estructurales, que polarizan a la sociedad.

Un primer ejemplo es el de las comisiones unidas de Justicia y Salud Pública del Congreso de Guanajuato, donde se aprovecharon sesiones virtuales para rechazar dos iniciativas que buscaban despenalizar el aborto en la entidad. De igual modo, el pleno del Congreso local de San Luis Potosí votó el 21 de mayo en contra de una ley para legalizar la interrupción el embarazo. Al respecto de estas deliberaciones, diversos grupos cuestionaron la viabilidad de llevar a cabo discusiones legislativas ante la imposibilidad de hacer públicas las sesiones de los representantes; además, en un escenario de contingencia, se restringe la posibilidad de realizar protestas en contra de las resoluciones tomadas por los diputados.

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El segundo ejemplo es Nuevo León, donde el Congreso votó el dictamen para requerir a los padres de familia permiso escrito para autorizar o rechazar que sus hijos reciban educación en temas de sexualidad, reproducción y género en el sistema educativo. El asunto conocido como “pin parental” fue por demás llamativo para medios, especialistas, grupos organizados y ciudadanos, toda vez que se trataba de un asunto cuya constitucionalidad estaba en cuestión. El asunto motivó un exhorto (vía Twitter) de la Secretaría de Gobernación para que los congresistas locales velaran por los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como respetar la rectoría del Estado sobre los contenidos educativos. Después de ser aplazada la votación en tres ocasiones, finalmente el dictamen no reunió los 28 votos requeridos para su aprobación.

Un tema estructural en el que los Congresos locales también registraron actividad legislativa fue el político-electoral. Y no es de extrañarse, pues el próximo año habrá elecciones de gobernador en 15 estados, de ayuntamientos en 30 y de Congresos locales en 30, y los plazos legales para hacer cualquier modificación en la materia vencían justo en el mes de mayo, en la mayoría de las entidades.

Así, en los Congresos de Chiapas, Querétaro, Yucatán y Sonora se buscó ajustar los calendarios de los comicios a raíz de la contingencia, lo que les daría más tiempo para modificar las constituciones locales. En Morelos, se promovió un proyecto para aumentar el número de diputados locales, mientras que en Colima se discutió y rechazó una propuesta para reducir las diputaciones plurinominales. De igual modo, la comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Baja California aprobó un dictamen que busca eliminar a los “diputados de lista”. Por su parte, los Congresos de Oaxaca y Guerrero iniciaron la armonización de sus leyes con la reciente reforma federal para prevenir y erradicar la violencia política en razón de género, un tema que deberá ser legislado en todo el país en este año.

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Mención aparte merece el caso de Veracruz, donde la mayoría de Morena hizo avanzar reformas para reducir el financiamiento público a los partidos políticos, desaparecer los consejos municipales y modificar la cadena de custodia de los paquetes electorales, tema que han suscitado resistencia en algunos cabildos como el de la capital.

Más allá de lo anecdótico, este análisis deja ver los claroscuros de la actividad legislativa en los estados.

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Visto en positivo, puede decirse que, a pesar de la contingencia sanitaria, distintos Congresos locales pudieron seguir cumpliendo su función primordial de atender problemáticas colectivas.

Pero, en contraparte, quedó en evidencia que legislar en tiempos de #COVID_19 conlleva la enorme tentación de cambiar leyes y hacer transitar agendas de ciertos grupos e intereses sin la suficiente deliberación y de espaldas a la ciudadanía.

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Nota: Buró Parlamentario es una asociación civil que busca vigilar al Poder Legislativo promoviendo una ciudadanía informada, activa y participativa.

Twitter: @BuroParlamentario

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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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