La dependencia señala que se encuentra en el supuesto de excepción previsto en el numeral 38 del Decreto debido a que tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros.
No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó reducirle el 75% del gasto corriente, equivalente a 139.4 millones de pesos, mientras que sus gastos por renta, agua, luz, telefonía, y otros servicios básicos serán de 121.9 millones de pesos en lo que resta del año.
La CEAV explicó que este recorte le afectará debido a que no es propietaria de ninguno de los inmuebles en los que opera, a que la mayoría de sus servicios son subcontratados, que gran parte del personal fue contratado –desde el origen de la institución– de manera irregular, con plazas eventuales y mediante outsourcing.
Además refirió que enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios, los cuales fueron heredados por administraciones anteriores.