#BuróParlamentario | Congreso: cerrado por pandemia

Mientras que en otros países los planes de contingencia económica, los estados de emergencia nacional y las medidas que limitan los derechos ciudadanos han sido aprobadas por el Poder Legislativo, en México el Ejecutivo federal ha actuado libremente, sin contrapeso alguno.

Incluso en algunas entidades de la República, como Colima, San Luis Potosí, Baja California o Chiapas, los gobernadores han sometido estas medidas a aprobación de sus Congresos locales. A nivel federal no fue así.

Las labores en la Cámara de Diputados y el Senado están suspendidas desde el 19 de marzo, justo a la mitad de las 26 sesiones ordinarias que habían programado en sus respectivas agendas para el periodo ordinario de sesiones, el cual concluyó el 30 de abril, con más pena que gloria.

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El Senado sólo se reactivó un día, el lunes 20 de abril , para aprobar una polémica Ley de Amnistía, cuyos efectos no alcanzarán a beneficiar a ningún preso antes del fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia, previsto para el próximo 31 de mayo.

En la Cámara baja, Morena intentó retomar las labores para aprobar la iniciativa de reforma a la Ley de Presupuesto con la que el presidente buscaba que se le otorgaran facultades extraordinarias para reasignar recursos públicos. Pero esto fue impedido por la oposición interna de Porfirio Muñoz Ledo y la recomendación del subsecretario Hugo López-Gatell de no hacer sesionar a la Comisión Permanente durante la primera quincena de mayo, en la que se preveía llegar a la cúspide de contagios.

Por lo demás, el Congreso ha brillado por su ausencia en la contingencia sanitaria. Los legisladores no han encontrado el modo de hacerse relevantes, más que por su lluvia de ocurrencias. En plena hibernación legislativa, se acumularon mil 146 iniciativas y mil 111 proposiciones con punto de acuerdo en la Cámara de Diputados; 746 iniciativas y 536 proposiciones en el Senado.

Los diputados no han encontrado el modo de reactivar sus trabajos de manera remota o virtual para concluir el proceso de designación de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que dejaron a medias, con una lista de 60 aspirantes a los que bien podrían entrevistar vía internet, en sesiones públicas que incluso serían más transparentes que el procedimiento que se tenía programado.

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¿Y qué decir del Senado? Ahí ni siquiera iniciaron el proceso para designar a dos comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que hoy está incompleto y con un presidente, Francisco Acuña, al que se le tuvo que ampliar su mandato de forma extraordinaria, pues ésta caducaba el pasado 12 de mayo.

La Cámara alta dejó pendiente, además, la designación de nuevos integrantes en el Comité de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción y los magistrados de la sala anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia Administrativa; además de comisionados en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Quizás el único legado relevante del periodo son la reforma al artículo 4º, que eleva a rango constitucional los programas sociales de la 4T, y las leyes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres, cuya reforma concluyó en marzo y fue publicada por el Ejecutivo en abril.

Por lo demás, la pandemia ha sido el pretexto ideal para justificar que sigan pendientes las leyes secundarias para regular asuntos de gran relevancia, ya previstos en reformas constitucionales previas.

Por ejemplo, la reglamentación necesaria y urgente para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en delitos como la corrupción, el uso de programas sociales con fines electorales y el robo de combustible.

Las leyes secundarias de la reforma al artículo 35 constitucional, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, son otro ejemplo. Al no legislar estos mecanismos de democracia participativa, los diputados dejan en manos del INE la creación de reglamentos para poder instrumentarlas en los años por venir.

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Lo mismo ocurre con la reelección legislativa: Aunque la Constitución prevé que los diputados de esta Legislatura puedan reelegirse en junio del próximo año, asuntos elementales como los tiempos para separarse del cargo, la posibilidad de cambiarse de partido o el uso de recursos del Poder Legislativo en sus campañas, tampoco fueron regulados en ley secundaria.

Los temas pendientes de reglamentar son muchos; los hay en materia laboral, de educación, salud, seguridad pública, justicia y programas sociales.

De la agenda que Morena presentó como sus prioridades para el periodo, se quedaron en el tintero la eliminación del fuero del presidente de la República, la reducción del financiamiento público a los partidos políticos y los cambios en materia de outsourcing.

Rezagos legislativos que, aunque parecen “normales”, van atrofiando la vida de las instituciones nacionales poniendo en pausa dos funciones de la más alta relevancia para el país: la representación de los mexicanos y el contrapeso al Poder Ejecutivo.

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Nota de los autor: Con esta columna, damos inicio a las colaboraciones de Buró Parlamentario en Grupo Expansión. Una asociación civil que busca vigilar al Poder Legislativo promoviendo una ciudadanía informada, activa y participativa. Nuestro trabajo es vigilar al Poder desde el poder ciudadano.

Twitter: @BuroParlamentario

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