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4T: la era de la insensatez legislativa

La propuesta de reducir en 50% el financiamiento público a los partidos hubiera profundizado los problemas de dinero ilegal en los partidos, escribe Don Porfirio Salinas.
lun 16 diciembre 2019 06:10 AM
Don Porfirio Salinas
Don Porfirio Salinas es híbrido de política, iniciativa privada y escenario internacional. Priista orgulloso de “el valor de nuestra estirpe” (Beatriz Paredes dixit); antagónico al Peñismo, que atentó contra esta estirpe. Convencido de la política como instrumento de construcción de país, desde cualquier trinchera.

Esta última semana del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión trajo consigo dos verdaderas “joyas” de la 4T. Dos reformas que evidencian la falta de conocimiento de esta fuerza política sobre el marco legislativo y la formulación de políticas públicas.

La más comentada públicamente fue el intento frustrado de los diputados de Morena por aprobar una reforma constitucional para reducir en 50% el financiamiento público a partidos políticos.

Más allá de que, nuevamente, Mario Delgado demuestra su profunda incapacidad para coordinar a su grupo parlamentario, la propuesta era francamente inconsistente y hubiera profundizado los problemas de dinero ilegal en los partidos y mercado negro en las campañas.

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Recortar de tajo 50% de financiamiento como medida aislada, sin tener un plan integral para una urgente reforma al sistema electoral mexicano es simplemente legislar con demagogia y populismo; sin entender el grave daño que se hubiera hecho a la democracia de nuestro país.

Si en Morena realmente quisieran resolver problemas tan profundos del sistema electoral, como el financiamiento, deberían de preocuparse primero por estudiar y entender cómo funciona el sistema, para identificar opciones reales de cambio positivo.

Pasando la elección de 2018 escribimos en este espacio sobre la urgente necesidad de cambiar el modelo de financiamiento y gasto de partidos. Hay aspectos clave que deben abordarse si realmente se quiere resolver esta problemática causada por PRI y PAN. Retomo algunos.

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Revisar la proporción de financiamiento público y privado. El público debería servir sólo para gastos de operación y administración. Pero se deben incrementar los límites del privado, particularmente para campañas, con reglas claras de transparencia que permitan rastrearlo; estableciendo posibles topes para evitar “macro donadores”.

Esto reduciría visiblemente el mercado ilegal, así como los altos costos de las campañas por el sobreprecio que implica cualquier mercado negro.

También, se debería de centralizar en el INE el pago de ciertos gastos de los partidos, particularmente de cantidades significativas. Con esto, se evitaría mal uso de recursos, así como el privilegiar a proveedores “cercanos” para simulación de gastos. Se daría mucho mayor certeza.

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Otro tema importante es separar en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos dedicados al INE, de aquellos que van a los partidos. Así se quitaría la falsa imagen de un INE exageradamente caro, y se tendría mayor claridad sobre los montos asignados a cada partido.

Es indispensable regular a los llamados “estrategas” de manera similar a los encuestadores. Obligarlos a registrarse ante el INE, a certificarse, y a no recibir pagos en efectivo. Es la única manera de controlar y transparentar esta turbia práctica que tenemos.

La correcta fiscalización y auditoría de los recursos para partidos y campañas no debe recaer en el INE. Debe corresponder a la Auditoría Superior de la Federación, con la coadyuvancia de Hacienda y la FGR, a través de las áreas especializadas en inteligencia financiera y lavado de dinero.

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Se requiere un cálculo mucho más realista de los topes de campaña para los diferentes cargos de elección popular, y homologar los criterios para evitar disparidades en diferentes entidades federativas.

Además de modificar la forma en la que se entregan los recursos, y los montos, particularmente a partidos de nueva creación; y otorgar un nivel indispensable de recursos a candidaturas independientes.

Y lo más urgente es imponer sanciones reales para partidos y candidatos, además de las económicas. En particular, restringir su participación en procesos electorales ante un mal uso de recursos. O incluso cancelar el registro dependiendo de la magnitud. Esto realmente les afectaría.

En el caso de las sanciones económicas, deberían deducirse automáticamente de las prerrogativas del partido para no generar un costo adicional al erario.

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Refraseando la vergonzosa frase de Mario Delgado al perder la votación en este tema, los morenistas se hacen patos porque no tienen la capacidad de ser gansos.

La otra reforma, que ya quedó aprobada por ambas cámaras, es la cancelación de la condonación de impuestos y exenciones al incorporar estos conceptos en el Artículo 28 constitucional.

El tema de fondo no es el problema, pues se abusó mucho de esa figura en los gobiernos anteriores. El problema es que, en su interminable desconocimiento legislativo, los legisladores morenistas igualaron los términos de condonación y exención, generando graves afectaciones.

Por un lado, cierra la puerta a los procesos especiales de incentivos fiscales cuando alguna región del país es afectada por desastres naturales para reactivar su economía. Y por el otro, complica la capacidad de estados y municipios para fomentar recaudación mediante descuentos en atrasos.

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Nuevamente, si el interés es realmente poner orden en el sistema fiscal, que definitivamente urge, debieron cuidar la redacción y no simplemente por populismo mayoritear algo que va a generar más problemas que soluciones.

Llevamos ya tres periodos de la legislatura morenista, y lejos de aprender, cada vez hacen más errores que costarán mucho al país, sólo por la soberbia de sentirse todo poderosos. Se dedican a replicar los excesos del pasado, pero haciéndolo mal. Ojalá empiecen a aprender.

¡Buenas fiestas decembrinas! Nos leemos en enero.

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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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