Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, compareció por escrito ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados y solicitó la suspensión del procedimiento de juicio político en su contra.
Según dio a conocer el diputado Pablo Gómez, la respuesta llegó a través de sus abogados a las 13:30 horas, último día que tenía para presentar su respuesta.
“Ya se ha realizado la comparecencia, la intervención que la ley les da a los denunciados dentro del juicio político. Esto ya se ha cumplido. Los abogados tienen plena capacidad jurídica”, dijo.
El juicio político contra Robles, según los legisladores, es necesario por el desvío de alrededor de 7,000 millones de pesos de dinero público, a través del esquema conocido como “La Estafa Maestra”.
Gómez explicó que mañana la Sección Instructora definirá el periodo de pruebas, que no puede ser mayor a 30 días, y luego se enviarán todas las comunicaciones a las entidades públicas y privadas requiriendo la información sobre los hechos descritos en la denuncia.
Espera que en este periodo se reciban informes de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la ASF, entre otras y se llame a comparecer a algunos rectores de las universidades mediante las cuales se triangularon recursos, según las denuncias hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El legislador advirtió que aún no se ha decidido si se requerirá a la Fiscalía General de la República (FGR) la denuncia penal “con el propósito de ver si tienen conexión con la responsabilidad política”.
La ex funcionaria solicitó el sobreseimiento del procedimiento que “ha estado plagado de inconsistencias, irregularidades y violaciones procesales”.
En el escrito ingresado la mañana de este martes, los abogados Epigmenio Mendieta, Julio Hernández Barros y Javier Sánchez Rojas expresaron su “más enérgico rechazo al escarnio y a la sistemática violación de Derechos Humanos de la cual está siendo víctima nuestra representada”.
Los abogados advirtieron que si los diputados continúan con el juicio político “incurren en una responsabilidad tanto jurídica como política, la cual se hará valer en el momento procesal oportuno y ante las instancias nacionales e internacionales competentes. Esto, además de la responsabilidad patrimonial en la que pudiera incurrir el estado mexicano”.
Señalaron que “resulta materialmente imposible la destitución de la enjuiciada” ya que ella no desempeña actualmente ningún cargo público; además, de que “también ya fue –injusta y arbitrariamente- inhabilitada” por la SFP.
La defensa legal también argumenta que la exsecretaria peñista que existe una “violación al principio de legalidad y debido proceso legal, ya que el procedimiento que nos ocupa ha estado plagado de inconsistencias, irregularidades y violaciones procesales”.
Por ejemplo, apuntaron que la Comisión de Puntos Constitucionales nunca fue convocada a la instalación de la subcomisión de examen previo, además de que existen 127 denuncias de juicio político pendientes por desahogar en contra de diversas personas, que fueron presentadas antes que la de Rosario Robles, pero “no han sido tramitadas, y en cambio, de buenas a primeras, se comenzó a dar todo el impulso procesal necesario para enjuiciar de manera exprés a nuestra representada”.
