La terna que consterna

Es muy relevante que se busque una mujer para el cargo, ya que actualmente sólo son dos de 11 (10 sin Medina Mora). Lo lamentable es la calidad de dos de las integrantes de la terna, habiendo tantas juristas prestigiadas y experimentadas. La terna demerita el esfuerzo.

Ríos-Farjat, si bien es abogada, tiene poca o nula experiencia que la acredite como idónea para servir el máximo cargo de la Corte. Su experiencia en la materia es de tres largos años laborando en el Poder Judicial de la Federación.

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Visceral y voluble, tal vez por su trayectoria como poeta, se podría decir que su conocimiento fiscal sería de utilidad para la Corte. Sin embargo, ya están los ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Laynez, cuyos nombramientos fueron muy polémicos justo por haber sido funcionarios de alto nivel.

Álvarez Maury, por su lado, tiene aún menos credenciales que Ríos-Farjat, pero cuenta con una gran ventaja: ser personalmente cercana a Gertz Manero. La actual subsecretaria, muy poco visible, podría considerarse académica. Aunque ni siquiera pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.

Dirigió la carrera de Derecho en la UDLA CDMX, justo cuando Gerz Manero era el Rector de esta institución. Vaya que ha sido exitosa su cercanía personal. Tal vez, gracias a sus estudios en Semiología de la Vida Cotidiana. Si como subsecretaria ha quedado corta, imaginen como ministra.

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Pero lo más preocupante es la evidente falta de prudencia por parte del presidente al incluirlas. Parece olvidar que el Ejecutivo y el Judicial deben ser poderes independientes y autónomos. Y olvida también su cruzada contra los conflictos de interés. Se decía distinto a los presidentes anteriores.

Lo único que salva a la terna es la doctora Ana Laura Magaloni Kerpel. Una connotada académica que se ha especializado en el estudio del Sistema Judicial, incluida la SCJN, y que sí pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, en su nivel II.

Magaloni no sólo tiene trayectoria académica en México, sino que ha realizado estancias en Harvard y Berkeley, dos de las más prestigiadas universidades de Estados Unidos. Y ha desarrollado trabajo importante en derecho internacional comparado.

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Uno de sus principales logros ha sido el fundar y dirigir la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), desde donde modernizó la manera de enseñar el Derecho en México.

En el servicio público, se ha desempeñado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue Constituyente de la Ciudad de México, y ha impulsado importantes reformas como la de la propia SCJN en los años noventa, y la icónica reforma del sistema de justicia en 2008.

Además, ha realizado trabajo invaluable en materia de reconocer la importancia del contexto social en la falta de acceso a la justicia, uno de los grandes problemas de nuestro país. Ha estudiado cómo las condiciones de marginación y vulnerabilidad se relacionan directamente con la violencia social.

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Es claro que de la terna, solo una persona tiene las credenciales necesarias de idoneidad para desempeñar el cargo. Resulta hasta insultante para la dra. Magaloni que la incluyan con los otros dos perfiles. Ojalá que los dados no estén cargados y que no la estén mandando al matadero.

Hace unas semanas hablábamos en este espacio sobre la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de nombramiento para integrantes de los órganos autónomos. Hoy, vemos el ejemplo perfecto en el caso de la SCJN.

La ley debería prohibir que un servidor público del Ejecutivo en funciones pudiera considerarse para un nombramiento en un poder autónomo como lo es el Judicial. Incluso la ley así lo prevé en caso de buscar una candidatura al Poder Legislativo.

En el caso de la SCJN, la Constitución sólo prevé la prohibición para quienes durante el año anterior al nombramiento ocuparon cargos de secretario de Estado, legislador federal, Fiscal federal o de la CDMX, gobernador o jefe de Gobierno.

La prohibición debería ser para cualquier cargo en el Poder Ejecutivo en sus tres órdenes, y no sólo el año anterior, sino por un periodo mucho mayor, al menos de 5 años. Adicionalmente, no hay previsión alguna sobre militar o no en un partido; debería prohibirse también al menos 5 años.

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Otro problema del mecanismo para nombrar ministros es que al final la facultad de nombramiento recae en el presidente de la República, en caso de que el Senado rechace su terna en dos ocasiones; o en caso de que la terna no se discuta en más de 30 días. No debería ser así para no comprometer la independencia de poderes.

En estas semanas vimos ya el abuso de poder con el nombramiento de la presidenta de la CNDH; hoy, vemos un exceso presidencial más con la terna para la SCJN. O empezamos a presionar por fortalecer los mecanismos de nombramientos, o dejamos de criticar los nombramientos.

Esperemos que realmente no haya línea presidencial, y que sea la doctora Magaloni quien logre llegar a ministra de la SCJN. Sería una bocanada de aire fresco en el entorno actual. Suficiente desprestigio está sufriendo la Corte gracias a su actual presidente, como para atizar el fuego.

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