Urge blindar los nombramientos de los autónomos

Muchos detractores del presidente señalan constantemente que está atentando contra las instituciones con sus nombramientos. No en todos los casos es cierto. Lo que sí es cierto es que esta práctica lleva años; no es exclusiva del actual presidente.

Siempre han sido polémicos algunos nombramientos. Pero muy en particular, Calderón y Peña debilitaron instituciones significativamente a través de nombramientos no aptos, particularmente en la SCJN y en las instituciones electorales, notoriamente el TEPJF.

Nunca se ha querido entrar de lleno a la urgente necesidad de blindar los nombramientos, porque en muchos casos han servido para llenar cuotas políticas de los partidos, o atender intereses de poderes fácticos.

El nombramiento de la CNDH, junto con nombramientos altamente preocupantes como los de la CRE y la CNH, evidencia lo urgente que es contar con mecanismos mucho más sólidos.

Los mecanismos para elegir a los integrantes de los diversos órganos autónomos son muy variados, y van desde los altamente laxos, que dejan casi un libre albedrío al Ejecutivo federal, hasta aquellos que cuentan con participación interinstitucional y una serie de examinaciones rigurosas.

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En el entorno que vivimos desde hace unos años, en el que las instituciones creadas para salvaguardar la gobernabilidad y los equilibrios del país resultan obstáculos o motines para los presidentes en turno, es urgente homologar criterios mínimos para las instituciones clave al menos.

Uno de los principales factores que deberíamos considerar es minimizar lo más posible los cargos en los que el Ejecutivo sea quien emite la propuesta de nombramientos al Congreso.

Para organizaciones especializadas, como las de naturaleza económica, debería ser siempre un cuerpo colegiado de instituciones especializadas el que se encargara de la recepción, el estudio y la selección de perfiles, para emitir la terna que deberá enviarse al Legislativo.

También, la experiencia muestra que en el Senado es más difícil que se logren supermayorías legislativas, por lo que funciona mejor como contrapeso. En este sentido, los nombramientos más delicados deberían ser competencia de esta Cámara únicamente.

En un intento desesperado por guardar las formas y los equilibrios, se han dado facultades a la Cámara de Diputados de ratificar nombramientos clave, como los del INE. El caos que generalmente premia en esta Cámara, y más hoy, debería ser razón suficiente para no darle temas tan sensibles.

Otro aspecto fundamental es eliminar la facultad presidencial de emitir nombramientos cuando se rechazan sus ternas en el Congreso un determinado número de veces. En estos casos, deberían ser cuerpos colegiados los que realicen el nombramiento para asegurar que no hay conflicto de interés.

Es importante asegurar que los periodos de los cargos a nombrar sean transexenales; y en el caso de organismos con más de una persona, que sean escalonados. Con esto se logra controlar un poco la posibilidad de cooptación y “lealtades”.

Para las instituciones más relevantes, sería muy positivo contemplar suplentes desde que se nombren los cargos. Así, de darse renuncias como las recientes de la CRE o la SCJN, eliminas el riesgo de vulnerar a las instituciones con un nombramiento a modo del Ejecutivo federal en turno.

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Algo fundamental es prohibir expresamente en la ley que se hagan extensiones de mandatos una vez hechos los nombramientos, como sucedió de manera inverosímil con los actuales magistrados del TEPJF gracias a la imposición de la dupla Gamboa-Gil.

En el caso de instituciones especializadas, debe asegurarse siempre que existan diversas examinaciones y pruebas de aptitud obligatorias para los aspirantes. No solo como filtro, sino para asegurar la experiencia necesaria en la materia.

Finalmente, una regla general explícita en ley debe ser el no haber militado en un partido político, idealmente nunca pero al menos en los 10 años previos; y por supuesto, no haber participado como candidato en algún proceso electoral durante el mismo tiempo.

No debemos rasgarnos las vestiduras porque el presidente actual, o cualquier otro, trate de nombrar afines en los órganos autónomos. Será tentación de cualquiera. Lo que debemos hacer ya es homologar criterios y candados estrictos, reconociendo las particularidades de cada institución.

Lo que acaba de pasar con la CNDH, recientemente con la CRE, o anteriormente con el TEPJF y el INE, deben ser alertas rojas para entender que, si no cambiamos ya los mecanismos de nombramiento, dejaremos cada vez más endebles estas organizaciones clave de nuestra democracia.

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