La renuncia de Eduardo Medina Mora es una buena noticia. Desde que fue nominado por el presidente Peña Nieto, en 2015, hubo muchos cuestionamientos sobre su idoneidad para el cargo de ministro de la Suprema Corte. Y no solo porque el procedimiento de designación dejaba entonces, como sigue dejando ahora, mucho que desear en términos de argumentación, transparencia y deliberación públicas. También porque su perfil como funcionario, gris en términos de su desempeño pero capaz de sobrevivir durante tres sexenios en puestos del más alto nivel, así como la trayectoria de su cercanía con varios grupos de poder, sobre todo del expresidente Enrique Peña Nieto, proyectaban una sombra muy oscura en torno suyo. Su independencia y su imparcialidad siempre estuvieron en entredicho. Además, desde hace tiempo pesan sobre su figura no solo sospechas sino fuertes acusaciones . No es, no ha sido nunca, un personaje que goce de buena reputación. Al contrario. Nadie –salvo uno que otro despistado, cínico, interesado o amnésico– lamenta su salida.
Medina Mora: lo malo de lo bueno
Pero el contexto y lo críptico de su renuncia, así como la ligereza con que el Presidente y el Senado han tratado el asunto, están lejos de constituir una forma aceptable de rendir cuentas, combatir la corrupción o, en última instancia, de hacer justicia.
Primero, porque el artículo 98 de la Constitución dice que los ministros solo pueden abandonar su investidura “por causas graves” que deberán someter a consideración del Ejecutivo y, luego, de la Cámara alta. La carta que Medina Mora envió al presidente, sin embargo, no argumenta motivo alguno y, en consecuencia, no permite constatar si existe o no causa grave. Si además se niega a comparecer , como se informó ayer, quedará a mera discreción del presidente y el Senado validar la omisión en la que incurrió el ministro ¿De veras le van a admitir, contra lo que manda la Constitución, el capricho de una renuncia sin causa explícita?
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Segundo, porque hace unos días el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, anunció no solo la existencia de una investigación contra Medina Mora sino una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Se especula que, de un modo u otro, ese es el motivo de la renuncia. Pero dicho anuncio, cuando el caso no ha sido resuelto por un juez, podría entrar en tensión con la presunción de inocencia a la que tiene derecho el ministro. ¿O es que aún no han aprendido que adelantar condenas en el tribunal de la opinión pública puede viciar el debido proceso?
Tercero, porque los ministros de la Suprema Corte, según los artículos 110 y 111 de la Constitución, son sujetos tanto de juicio político como de procedimiento de desafuero. Medina Mora pudo haber sido destituido e inhabilitado por la Cámara de Diputados y el Senado por violaciones a la Constitución y a las leyes. Asimismo, si la UIF y la FGR cuentan con evidencia incriminatoria, podrían haber solicitado su desafuero a la Cámara baja, para entonces proceder penalmente en su contra. ¿O será que lo único que se buscaba era forzar su renuncia y ya con eso quedan saldados sus pendientes con la justicia?
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No son detalles irrelevantes. La Constitución no es una sugerencia. Es verdad que en muchas ocasiones el ampuloso lenguaje de “la legalidad”, sobre todo el excesivo formalismo en la interpretación de las leyes, ha servido más para perpetuar la impunidad que para hacer valer la sustancia de los derechos. Es innegable que por demasiado tiempo en México ha predominado lo que Ana Laura Magaloni y Layda Negrete llamaron “la política de decidir sin resolver” . No obstante, nada de eso promete mejorar cuando las autoridades se conducen con tanto desaseo y desdén por lo que establecen las normas. Ya se ha dicho antes, pero hay que insistir cuantas veces sea necesario: puede haber derecho sin justicia, pero no puede haber justicia sin derecho.
Aceptar una renuncia que no cumple con la obligación constitucional de acreditar su causa, atentar contra su presunción de inocencia y exentar al funcionario en cuestión del juicio político o el procedimiento de desafuero a los que podría haber sido sujeto no es, en ningún sentido, el triunfo de una política anti-corrupción ejemplar: es, si acaso, un ejemplo de cómo usar el agravio que provoca la corrupción para sacar raja política. Que Medina Mora haya colgado la toga no significa que rendirá cuentas, que se hará valer la ley ni que habrá justicia. Solo significa, por lo pronto, que el lopezobradorismo logró deshacerse de un ministro muy desprestigiado que le era adverso y que ha ganado un nuevo espacio en la Corte para alguien más afín a su causa.
Es la historia de siempre con la autodenominada “4T”: quieren hacer cosas buenas pero no quieren, no saben o no pueden hacerlas bien.
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