#ColumnaInvitada | Caso Javier Duarte toca las puertas de la Suprema Corte

Nos gustaría decir que los Ministerios Públicos de la Federación prepararon el caso exhaustivamente utilizando las más avanzadas técnicas de investigación para llegar al esclarecimiento de los hechos y repararle el daño causado a la sociedad; sin embargo, eso no fue así, la Procuraduría General de la República tras aceptar que los datos de prueba con los que contaban no eran suficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada decidieron reclasificarlo por el de asociación delictuosa.

Tiempo después supimos que esto estuvo motivado por un oficio de la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Mauricio Moreno Balbuena, quien al parecer le dio el empujoncito que se requería para cambiar el delito a uno, mucho menos grave.

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Ojalá hoy escribiéramos sobre el gran desempeño y labor para llevar este asunto a juicio y debatir todos los datos de prueba recabados, que al final desembocará en una sentencia condenatoria, pero en un giro inesperado por parte de la Procuraduría –entonces a cargo de Elías Beltrán– se le propuso a Javier Duarte que en lugar de ir a juicio se aceptara los cargos y le podría dar una condena pactada a través de lo que se denomina un “procedimiento abreviado”. La catafixia era a cambio de una sentencia de nueve años y una fantástica multa de alrededor de 58 mil pesos –sí, así de barato.

Estas maniobras inesperadas por parte de la entonces Procuraduría, generaron un descontento en la sociedad y especulaciones sobre si detrás de todo esto se había tejido un acuerdo político, una serie de sobornos o quizás simplemente un gravísimo mal desempeño de los Ministerios Públicos en tan importante caso.

Ante tales circunstancias, el 1 de octubre de 2018 la organización TOJIL presentó ante la Visitaduría General de la extinta PGR una denuncia por hechos de corrupción en la que se pidió que se investigara a los Ministerios Públicos a cargo del caso del exgobernador Javier Duarte por presuntos hechos de corrupción como sobornos a cambio de este procedimiento abreviado. Pero lo más importante es que en esta denuncia, también se pidió que se concediera a la organización el carácter de víctima colectiva, por tratarse de una afectación a los derechos de todos los ciudadanos. Esta denuncia derivó en el inicio de la investigación FED/VG/UNAI-CDMX/0000435/2018.

Como era de esperarse, en un esquema en donde el jefe de la Visitaduría es el mismo que el de los investigados, el 15 de octubre la Visitaduría negó a la organización el carácter de víctima cerrando las puertas a la organización. Lo que derivó en una audiencia ante el hoy conocido Juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien confirmo esa determinación, lo que implicó que el tema acabara en un Juicio de Amparo.

Fue entonces que el Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Juan Mateo Brieba de Castro, quien en la resolución de juicio de amparo, emitió el fallo histórico más importante en la lucha anticorrupción en México concediendo la razón a la organización y ordenando que se reconociera su papel como víctima de corrupción en este caso.

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Sin embargo, la Fiscalía General de la República –ya a cargo de Gertz Manero– así como la Ministerio Público que es investigada por los actos de corrupción han buscado por todos los medios controvertir este criterio y cerrarle la puerta a la transparencia y al combate a la corrupción en este caso, al presentar tres recursos de revisión que llevaron el ausunto al Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal.

Por lo anterior, TOJIL ha tocado las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le ha solicitado a este Alto Tribunal que ejerza su facultad de atracción en este caso de gran importancia social. Toda vez, que estaríamos frente a una resolución de gran trascendencia que transformaría por completo la lucha contra la corrupción en México, al permitirle a TOJIL participar directamente colaborando y actuando contrapeso en la investigación por corrupción detrás de la sentencia de Javier Duarte.

Para con ello, lograr que por fin la impunidad y la opacidad de estos casos deje de ser la regla. Es fundamental que la Suprema Corte atraiga este caso que establecerá no sólo un precedente judicial de vital importancia para la lucha contra la corrupción, sino que trascendencia para reconocer que todos los mexicanos somos víctimas de la corrupción.

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