Sin embargo, ese sentimiento de desconfianza e incredulidad continúa presente logrando desacreditar, por no decir nulificar, los aciertos, no menores, que se obtuvieron.
El quizás más destacado es que, bien o mal, este es el primero de los casos en donde un servidor público de primer nivel (secretario de Estado) llega ante un juez; un caso vinculado por uno de los escándalos más grandes de corrupción descubiertos en nuestro país, “La Estafa Maestra” . Esto es, desde luego, un logro, si partimos de la base que, de acuerdo con el informe de Hallazgos 2018, de México Evalúa, vivimos en un país con el 96.1% de impunidad y en donde sólo 10 de 100 investigaciones federales llegan ante un juez y son vinculadas a proceso.
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También es un logro que esta denuncia proceda no de una ocurrencia de la Fiscalía, sino de una seria investigación periodística realizada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y de una denuncia interpuesta ante la hoy Fiscalía por TOJIL y el mismo MCCI. Dando un notable valor al trabajo periodístico y ciudadano, un México harto y cansado de corrupción deja de ser espectador para convertirse en actor fundamental en la aplicación de la justicia.
Por otra parte, ante el drama de si la prisión era mucho, era poco o era justa o injusta. Es importante reconocer como un acierto el haber impuesto una medida cautelar como lo es la prisión preventiva, aun y cuando el delito por el que quedó vinculada no la amerita de manera oficiosa. Así es, contrario a lo que han sostenido algunas voces, estamos en presencia, justamente, del caso idóneo donde aplica solicitar y conceder una prisión preventiva justificada. Es decir, era atinado suponer que, posiblemente, la hoy imputada Rosario Robles, no sólo intentaría fugarse de la justicia (tal como a juicio del juzgador lo acreditó Fiscalía), sino que también, otra hipótesis, es que pudiera intentar obstaculizar la investigación a través de la destrucción de evidencia.
