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#ColumnaInvitada | Rosario Robles: ¿venganza política?

Al llevar a un exsecretario de Estado ante la justicia, México se convierte en actor fundamental en la aplicación de las leyes, escriben Adriana Greaves y Estefania Medina.
mar 13 agosto 2019 05:14 PM
Estefania Medina Ruvalcaba y Adriana Greaves Muñoz
Estefania Medina Ruvalcaba y Adriana Greaves Muñoz, cofundadoras de TOJIL.

La respuesta es No. La semana pasada cerró con aires de desánimo después de haber sido testigos de oídas de la primera parte de la audiencia de uno de los procedimientos penales más esperados. El pensamiento que acaparaba nuestra mente era si aquello que miles de millones de espectadores sedientos de justicia estábamos presenciando no era nada más y nada menos que un burdo espectáculo de cómo se daba inicio a una venganza articulada contra un contrincante político o cómo se tejía un burdo acuerdo.

Para sorpresa, el desenlace de la audiencia inicial llevado a cabo en las primeras horas del día de hoy, en el que se vinculó a Rosario Robles a proceso y se ordenó como medida cautelar la prisión preventiva, nos dejó entrever que no se trataba de una mera venganza política ni de un acuerdo simulado entre la Fiscalía y la defensa.

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Sin embargo, ese sentimiento de desconfianza e incredulidad continúa presente logrando desacreditar, por no decir nulificar, los aciertos, no menores, que se obtuvieron.

El quizás más destacado es que, bien o mal, este es el primero de los casos en donde un servidor público de primer nivel (secretario de Estado) llega ante un juez; un caso vinculado por uno de los escándalos más grandes de corrupción descubiertos en nuestro país, “La Estafa Maestra” . Esto es, desde luego, un logro, si partimos de la base que, de acuerdo con el informe de Hallazgos 2018, de México Evalúa, vivimos en un país con el 96.1% de impunidad y en donde sólo 10 de 100 investigaciones federales llegan ante un juez y son vinculadas a proceso.

Rosario Robles es vinculada a proceso y recibe prisión preventiva

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También es un logro que esta denuncia proceda no de una ocurrencia de la Fiscalía, sino de una seria investigación periodística realizada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y de una denuncia interpuesta ante la hoy Fiscalía por TOJIL y el mismo MCCI. Dando un notable valor al trabajo periodístico y ciudadano, un México harto y cansado de corrupción deja de ser espectador para convertirse en actor fundamental en la aplicación de la justicia.

Por otra parte, ante el drama de si la prisión era mucho, era poco o era justa o injusta. Es importante reconocer como un acierto el haber impuesto una medida cautelar como lo es la prisión preventiva, aun y cuando el delito por el que quedó vinculada no la amerita de manera oficiosa. Así es, contrario a lo que han sostenido algunas voces, estamos en presencia, justamente, del caso idóneo donde aplica solicitar y conceder una prisión preventiva justificada. Es decir, era atinado suponer que, posiblemente, la hoy imputada Rosario Robles, no sólo intentaría fugarse de la justicia (tal como a juicio del juzgador lo acreditó Fiscalía), sino que también, otra hipótesis, es que pudiera intentar obstaculizar la investigación a través de la destrucción de evidencia.

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Recordemos que aun y cuando únicamente se le vinculó por el delito de ejercicio indebido del servicio público, estos hechos están completamente vinculados a la red de corrupción más grande de los tiempos modernos. Lo que más extraño es que muchos de los que hace no poco buscaban que se dejara en prisión a las personas que roban un gansito en el Oxxo, hoy salen a defender que es muy excesivo imponer prisión a quienes están señalados por desvíos millonarios de más de 5,000 millones de pesos.

En el otro lado de la moneda, también están, a nuestro parecer, los desaciertos: mucho nos quedó a deber la Fiscalía cuando sólo solicitó la vinculación por los hechos que constituyen un ejercicio indebido del servicio público; es decir, que la señora Robles advirtió irregularidades y no avisó a su superior y/o no lo impidió.

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¿Pero que implica esto? Implica que se diseccionó la investigación completa que debió haber resultado de la denuncia de hechos presentada por TOJIL y MCCI y que inicialmente planteaba la necesidad de investigar la totalidad actos y actores, perfectamente articulados, que dieron vida a “La Estafa Maestra”.

Esta precisión en los hechos que seguirán siendo investigados ahora en la etapa complementaria no es menor, y es motivo de indignación. El resultado será que el conjunto de actos de corrupción perfectamente maquinados con antelación, perpetuado posiblemente por la señora Robles y demás secuaces, con el objeto premeditado de malversar o desviar recursos públicos de dependencias federales, quedará nuevamente en completa impunidad.

Bajo las condiciones actuales, el mejor escenario al que podemos aspirar es que la Fiscalía logre probar más allá de toda duda razonable la culpabilidad de Rosario por lo que respecta al ejercicio indebido de funciones y que un tribunal de enjuiciamiento le imponga una sentencia condenatoria".

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Sin embargo, se vislumbra un panorama menos favorecedor, y éste es que –como sucedió con Javier Duarte– la defensa y la Fiscalía lleguen a un acuerdo en el cual, a cambio de la declaración de culpabilidad por parte de la exfuncionaria, se le imponga la pena mínima de dos años a través del famoso proceso abreviado.

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Ante casos sumamente trascendentales como éste, reconocer a la sociedad civil como parte procesal –en representación de la afectación directa que sufre la ciudadanía, como queda pendiente de resolverse a petición de TOJIL y MCCI– puede ser el mecanismo idóneo para impedir que se introduzcan elementos que busquen afectar o manipular los resultados del proceso y asegurar, así, que las investigaciones institucionales no busquen impartir justicia a la medida, sino justicia.

Por ello es que ante la duda si se trata de una venganza política, respuesta es no. Se han hecho cosas bien y muchas otras se podrían hacer mejor, pero lo más importante es que no quitaremos el dedo del renglón hasta que se llegue al esclarecimiento de los hechos, se recuperen los recursos robados y se devuelvan al Estado y se sancione a los culpables.
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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de las autoras.

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