Aunque para organizaciones de la sociedad civil y la oposición, éste fue el año de la embestida presidencial para “minar” la credibilidad en el INE, desacreditar a sus integrantes, restarle autonomía y “desaparecerlo”, para el presidente, Morena y sus aliados, solo se trató deponer un alto a lo que consideran "excesos en salarios de los consejeros", los “fraudes” que acusan ha permitido y los “ataques" que acusan, el movimiento ha padecido por la institución.
En ese contexto, el INE ha enfrentado desde criticas, denuncias y recortes en su recursos hasta la amenaza de reestructurarlo.
Aquí te contamos algunos momentos que ha pasado el organismo electoral durante 2022.
Austeridad y revocación
El INE inició el año con 4,913 millones de pesos menos a lo solicitado y lo cerró con la aprobación, en noviembre pasado, de otro ajuste por 4,475 millones más, para 2023, lo que será el quinto año consecutivo de recortes multimillonarios a su gasto.
Aun con menos recursos, el 10 de abril el INE realizó el primer ejercicio de revocación de mandato. La falta de presupuesto, la revisión de firmas ciudadanas; su organización, la difusión y la resolución de quejas, motivaron meses de enfrentamientos en los que participaron el presidente, dirigentes y legisladores morenistas y aliados, en contra de los consejeros, encabezados por su presidente, Lorenzo Córdova.
Primero, por la advertencia del INE de que sin 3,830 millones solicitados para la revocación –como lo ordena la ley, con más de 160,000 casillas– sólo podría instalar poco más de 57,000 de ellas.
La Consejería Jurídica litigó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) y el presidente lo hizo desde sus mañaneras, ambos para acusar al INE de tratar de impedir el ejercicio. Al tiempo que la Secretaría de Hacienda (SHCP) negó al Instituto al menos 1,738 millones de pesos emergentes para realizarlo.
Al final la SCJN dio la razón al INE, pues le ordenó organizar la consulta con los recursos y economías con que contara. Además consideró irregular el recorte aplicado por la Cámara de Diputados y ordenó a ésta fundamentar debidamente el por qué del recorte. El 29 de septiembre los diputados de Morena y aliados volvieron a votar por mantener ese ajuste al gasto.
La decisión del INE de retrasar la organización del proceso, con el fin de generar economías, motivó a fines de 2021 una de varias denuncias contra los consejeros promovidas por el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, entonces presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, quien acusó a los consejeros ante la Fiscalía General de la República (FGR), querella de la que tuvo que retirar.
Ya con el tiempo encima y superado con ahorros propios el tema de los recursos, finalmente se realizó esa consulta. Quienes la solicitaron fueron ciudadanos, sobre todo, de la organización Que Siga la Democracia Asociación Civil, encabezada por cuadros morenistas, pero para "burlar" la prohibición de que los partidos la promovieran.
El INE detectó al menos 463,605 firmas irregulares presentadas para solicitar el proceso. Entre ellos 5,368 ciudadanos muertos y confirmó que Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM) habrían vulnerado la ley al intervenir e incluso financiar esas tareas, y servidores públicos estatales y federales, además de dirigentes recaudaron firmas, aunque la Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandato lo prohíbe.
También se acusó al INE de boicotear el proceso y no difundirlo; la campaña respectiva inició formalmente el 10 de febrero, como marca la ley.
Pero durante semanas previas, el presidente desde sus conferencias mañaneras, además de gobernadores, aspirantes presidenciales y legisladores de Morena y aliados emprendieron una campaña para convocar a participar en la “ratificación” del presidente.
Eso pese a que la Constitución y la ley prohíben a todo servidor público, a líderes políticos y legisladores a promover ese ejercicio con recursos públicos, facultad exclusiva del INE.
Hasta abril el INE contabilizó casi 200 violaciones de ese tipo, lo que configuraría irregularidades “sistemáticas” y más de 25 medidas cautelares para cesar esas conductas, pues hubo decenas de quejas interpuestas, y los demandados acusaron que el INE se extralimitó y coartó sus derechos.
