En el año que culmina, el INE ha enfrentado criticas, denuncias, recortes presupuestales en su operación y la aprobación de un "Plan B" electoral con el objetivo de minar su reestructura.
El 15 de diciembre se aprobó el llamado "Plan B" de la reforma electoral que busca cercenar facultades y estructura al Instituto Nacional Electoral (INE) y con ello, se cerró un año más en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador concentró esfuerzos para someter al organismo electoral.
No obstante a las críticas y comentarios presidenciales contra el INE y sus consejeros, no se modificaron de manera importante los niveles de aceptación de los que goza el organismo entre los ciudadanos: 76% de la población en noviembre, de acuerdo con una encuesta de la misma institución.
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Aunque para organizaciones de la sociedad civil y la oposición, éste fue el año de la embestida presidencial para “minar” la credibilidad en el INE, desacreditar a sus integrantes, restarle autonomía y “desaparecerlo”, para el presidente, Morena y sus aliados, solo se trató deponer un alto a lo que consideran "excesos en salarios de los consejeros", los “fraudes” que acusan ha permitido y los “ataques" que acusan, el movimiento ha padecido por la institución.
En ese contexto, el INE ha enfrentado desde criticas, denuncias y recortes en su recursos hasta la amenaza de reestructurarlo.
Aquí te contamos algunos momentos que ha pasado el organismo electoral durante 2022.
Austeridad y revocación
El INE inició el año con 4,913 millones de pesos menos a lo solicitado y lo cerró con la aprobación, en noviembre pasado, de otro ajuste por 4,475 millones más, para 2023, lo que será el quinto año consecutivo de recortes multimillonarios a su gasto.
Aun con menos recursos, el 10 de abril el INE realizó el primer ejercicio de revocación de mandato. La falta de presupuesto, la revisión de firmas ciudadanas; su organización, la difusión y la resolución de quejas, motivaron meses de enfrentamientos en los que participaron el presidente, dirigentes y legisladores morenistas y aliados, en contra de los consejeros, encabezados por su presidente, Lorenzo Córdova.
Primero, por la advertencia del INE de que sin 3,830 millones solicitados para la revocación –como lo ordena la ley, con más de 160,000 casillas– sólo podría instalar poco más de 57,000 de ellas.
La Consejería Jurídica litigó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) y el presidente lo hizo desde sus mañaneras, ambos para acusar al INE de tratar de impedir el ejercicio. Al tiempo que la Secretaría de Hacienda (SHCP) negó al Instituto al menos 1,738 millones de pesos emergentes para realizarlo.
Al final la SCJN dio la razón al INE, pues le ordenó organizar la consulta con los recursos y economías con que contara. Además consideró irregular el recorte aplicado por la Cámara de Diputados y ordenó a ésta fundamentar debidamente el por qué del recorte. El 29 de septiembre los diputados de Morena y aliados volvieron a votar por mantener ese ajuste al gasto.
Recolección de firmas para la revocación de mandato.(Especial)
La decisión del INE de retrasar la organización del proceso, con el fin de generar economías, motivó a fines de 2021 una de varias denuncias contra los consejeros promovidas por el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, entonces presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, quien acusó a los consejeros ante la Fiscalía General de la República (FGR), querella de la que tuvo que retirar.
Ya con el tiempo encima y superado con ahorros propios el tema de los recursos, finalmente se realizó esa consulta. Quienes la solicitaron fueron ciudadanos, sobre todo, de la organización Que Siga la Democracia Asociación Civil, encabezada por cuadros morenistas, pero para "burlar" la prohibición de que los partidos la promovieran.
El INE detectó al menos 463,605 firmas irregulares presentadas para solicitar el proceso. Entre ellos 5,368 ciudadanos muertos y confirmó que Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM) habrían vulnerado la ley al intervenir e incluso financiar esas tareas, y servidores públicos estatales y federales, además de dirigentes recaudaron firmas, aunque la Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandato lo prohíbe.
También se acusó al INE de boicotear el proceso y no difundirlo; la campaña respectiva inició formalmente el 10 de febrero, como marca la ley.
Pero durante semanas previas, el presidente desde sus conferencias mañaneras, además de gobernadores, aspirantes presidenciales y legisladores de Morena y aliados emprendieron una campaña para convocar a participar en la “ratificación” del presidente.
Eso pese a que la Constitución y la ley prohíben a todo servidor público, a líderes políticos y legisladores a promover ese ejercicio con recursos públicos, facultad exclusiva del INE.
Hasta abril el INE contabilizó casi 200 violaciones de ese tipo, lo que configuraría irregularidades “sistemáticas” y más de 25 medidas cautelares para cesar esas conductas, pues hubo decenas de quejas interpuestas, y los demandados acusaron que el INE se extralimitó y coartó sus derechos.
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Disputa con la CNDH
En agosto el productor y periodista cercano a Morena, Epigmenio Ibarra, acusó al INE de emprender una persecución en su contra, por citatorios que le fueron hechos para desahogar quejas en su contra. Entre otros motivos, por acudir a un acto de campaña anticipada en Tamaulipas, y otro por supuesta promoción indebida de la consulta por el juicio a expresidentes, en 2021.
Es el “instituto de la censura”, acusó el presidente López Obrador en una de sus conferencias.
Una semana después, el 29 de agosto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un pronunciamiento en el que pidió respetar el derecho a la libertad de expresión “de periodistas y ciudadanía en general", y que no se atentara en "contra este derecho mediante la imposición de sanciones que pudieran resultan excesivas e injustificadas, sobre todo cuando no existan elementos suficientes y objetivos para su imposición”.
Pero en comunicado, el INE aclaró ese día que los citatorios a las personas denunciadas “lejos de vulnerar derechos como se insinúa en el pronunciamiento de la CNDH, constituye una garantía básica que tiene toda persona de exponer sus argumentos dentro de lo que se conoce como ‘debido proceso’”.
En diciembre, ya en el marco de la discusión de la reforma electoral, la CNDH emitió un pronunciamiento firmado por su presidenta, Rosario Piedra, para respaldar las propuestas presidenciales para “terminar privilegios” y defender la democracia.
Emitió esa postura, aseguró Piedra, conforme a la Recomendación General 46/2022 emitida, entre otros asuntos, en pro de la democracia. Pero ese documento fue emitido conclusión tras investigar casos de persecución política e irregularidades electorales de los años 70, lo que motivó organismos electorales precisamente como el INE.
En su defensa, el INE desestimó los señalamientos y sobre todo la facultad de la CNDH para emitirlos, ya que ésta carece de competencia para atender casos relacionados a temas electorales.
El 8 de noviembre la CNDH promovió una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del INE por invadir –sostuvo- sus competencias, y por pronunciamientos públicos emitidos por consejeros pues “se le ha intentado silenciar, a partir de una interpretación de la ley, que desestima la facultad de este organismo protector de los derechos humanos, en materia de protección de los derechos político-electorales del pueblo de México”.
El 16 de noviembre el INE hizo lo propio e interpuso un recurso ante la SCJN para acusar que la CNDH invadió competencias de índole electoral que le competen en exclusiva.
Además de esa judicialización, en este 2022 el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama –dos de los consejeros que concluyen sus encargos el 4 de abril de 2023-reunieron varias denuncias en su haber.
Entre ellas al menos una solicitud de juicio político contra ambos consejeros por supuestas irregularidades en la organización del proceso revocatorio.
Además el representante de Morena ante el INE, el diputado Mario Llergo, presentó una denuncia por presunto desvío de recursos públicos en que habría incurrido Córdova al grabar un video, y antes, una queja en su contra por presunta promoción personalizada al haber mandado a medir la percepción pública de su persona.
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La encuesta y el "Plan B" electoral
En abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma electoral. Su plan incluía reducción de diputados y senadores, para dejar 300 y 96, respectivamente, además de eliminar al INE como actualmente funciona, para fusionarlo con los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLs), entre muchos otros cambios.
Esa propuesta fue conocida como “Plan A” y la alternativa que surgió tras ser rechazados los cambios constitucionales fue presentado como “Plan B”, éste de reformas a leyes secundarias.
Pero fue en noviembre que se hizo público que el INE mandó a hacer una encuesta y 67% de los ciudadanos estaban a favor de que los consejeros electorales sean electos por voto directo.
El ejercicio arrojó que 93% de los ciudadanos coincidía con recortar recursos a los partidos y 87% con disminuir el número de diputados y senadores.
Con todos estos resultados Morena apuntaló su idea de “Plan A” de reforma electoral. Pero el escándalo no fueron esos datos, sino porque el INE, según el partido guinda, había ocultado los resultados pese a que el sondeo se hizo con recursos públicos.
En ese sondeo 45% de los ciudadanos expresaron su apoyo al INE.
Una segunda encuesta con la que Morena apuntaló sus propuestas de reforma electoral, y presentada el 9 de noviembre, reveló un aumento en el apoyo al INE. El 52% de los encuestados se manifestó a favor del Instituto, siete puntos arriba de la encuesta telefónica realizada por el mismo Instituto.
Eso motivó que el 10 de noviembre Córdova remarcara: “hace dos meses en la encuesta que realizó el Instituto, la buena valoración del órgano electoral estaba en el orden del 65 por ciento y ahora ya está en el 76%” una cifra histórica.
Ese nivel de aceptación y por otro lado la alerta de la reforma electoral que “desaparecería al INE” detonó una convocatoria ciudadana considerada histórica: el 13 de noviembre salieron a la calle a la “marcha rosa” o 13N, cientos de miles de mexicanos que caminaron del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, en defensa del organismo y la democracia.
“Hipócritas, clasistas y racistas” condenó entonces el presidente, entre muchos calificativos que endilgó a consejeros en el curso del año, entre ellos "corruptos" y "conservadores" y más.
Pero esa movilización que de acuerdo a las autoridades de la Ciudad de México apenas juntó a 12,000 ciudadanos y de acuerdo a organizadores más de medio millón o hasta 1.2 millones de mexicanos en apoyo al INE, hizo al presidente marchar.
Así, el INE le obligó a volver a las calles en la megamarcha del 27 de noviembre con motivo de festejar sus 4 años de gobierno.
La relevancia de la marcha del 13 de noviembre fue la presión mediática que se impuso a los 69 diputados del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional (PRI) con cuyos votos Morena y sus aliados sí hubieran podido concretar la reforma electoral a nivel constitucional.
En el marco de la movilización pro-INE, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue increpado, urgido a no votar a favor la reforma electoral y ventilado en redes sociales.
Aunque durante semanas el priista había garantizado que defendería al INE y analizaría caso por caso las reformas, sólo después de ese cuestionamiento público garantizó ahora sí su voto en contra del “Plan A” del presidente López Obrador, lo que logró frenar este 2022 la reforma electoral constitucional.
En cambio, con la mayoría calificada que sí reúnen Morena, PT y PVEM ya casi al final del periodo ordinario de sesiones, entre el 13 y el 15 de diciembre, se avalaron en las dos cámaras del Congreso reformas secundarias en materia de propaganda que restarán facultades al INE para garantizar la equidad en las campañas.
También fueron votadas reformas para obligar a la reorganización del INE, la reducción de su plantilla laboral y su estructura en los estados.
Esa parte de las enmiendas se quedó congelada en el Senado, pues debido a una modificación de última hora en la minuta que la Cámara de Diputados regresó a su colegisladora, falta que ésta analice y en su caso confirme ese cambio, para que sea remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor.
Esto ocurrirá ahora posiblemente hasta el periodo ordinario, que inicia el 1 de febrero, con lo que 2023 sería el año de restructura del INE.
