AMLO Vs. INE: las claves del desencuentro que culminan con la reforma electoral

INE no hará otra encuesta sobre reforma electoral

El consejero presidente Córdova informó este mes que el órgano autónomo no levantaría otra encuesta para conocer la aprobación de la ciudadanía en torno a la reforma electoral que se discute en el Congreso de la Unión, como lo sugirió en su conferencia mañanera el presidente López Obrador.

Su respuesta se dio luego de que el diario El País publicó el 1 de noviembre los resultados de una encuesta realizada por tres empresas privadas –levantada entre el 9 y 10 de septiembre–, mediante 400 entrevistas telefónicas a una muestra representativa de la población mexicana mayor de 18 años.

En el sondeo se destaca que un 51% de la población estaba de acuerdo con que se realice una reforma electoral, además destaca que un 93% de los consultados apoya la propuesta de destinar menos recursos públicos a los partidos políticos; un 87% se pronuncia por disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal.

Mientras que un 78% apoya que los consejeros y los magistrados electorales sean electos por el voto directo de la ciudadanía, esto es, ocho de cada diez ciudadanos, y un 74% coincide en destinar menos recursos al INE.

Ante ello, el Ejecutivo Federal propuso la realización de otra encuesta, para conocer al día de hoy, el porcentaje de ciudadanos que apoyan la reforma electoral, dado que el sondeo del INE se realizó hace dos meses, cuando solo estaba enterada de ella el 27% de la población, a lo que Córdova respondió que no.

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El sondeo derivó en una queja del representante del INE ante el Consejo General, Mario Llergo, en contra de Córdova por promoción personalizada y uso indebido de recursos, dado que el objetivo de la misma, según él, era “medir” su imagen.

El INE aclaró que “con la información que se obtuvo de la encuesta, específicamente de esta pregunta, no se implementó ninguna medida que pudiera implicar, sugerir o evidenciar promoción personalizada, lo que sería violatorio del artículo 134 constitucional”.

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Entrega de tarjetas en campañas

El Ejecutivo Federal y el titular del Consejo General del INE también han intercambiado señalamientos por la entrega de tarjetas, sin recursos, durante las campañas electorales.

Y es que, en principio, el primer mandatario se lanzó contra el consejero Ciro Murayama, quien dijo que la entrega de tarjetas durante las campañas no es un delito, siempre y cuando éstas no tengan dinero.

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que “si este consejero (Murayama) dice que no es un delito, está bien, es su opinión, pero le compete a la Fiscalía (General de la República)”.

Y fustigó el que se adelantara a la decisión de las autoridades de la FGR respecto al caso del otrora candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, quien repartió tarjetas y ofreció que si ganaba, recibirán un apoyo económico en dichos plásticos.

“Él siempre se adelanta porque ellos están ahí para impedir la democracia, el presidente del INE (Córdova Vianello) este consejero en particular", expresó el presidente López Obrador.

Lorenz Córdova aclaró que el INE nunca ha estado de acuerdo con el reparto de tarjetas durante el periodo de campañas, pero que un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) permitió su uso al considerar que era una forma legal de propaganda electoral.

La revocación de mandato

En abril se realizó por vez primera en nuestro país una consulta de revocación de mandato en la que la ciudadanía decidió, vía su voto, si quería que el presidente Andrés Manuel López Obrador continuara en su cargo hasta 2024.

El ejercicio de democracia directa quedó marcado por la polémica y las presuntas violaciones a la ley como el uso de aeronaves del gobierno federal para el traslado de funcionarios públicos a eventos en los que, al final, se promovió este mecanismo.

El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) llamaron en varias ocasiones a los actores políticos, entre ellos Morena, sus legisladores e incluso al Ejecutivo federal, para que dejaran de promover la revocación de mandato.

El 10 de marzo Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron un decreto que modificaba la interpretación del concepto de propaganda, lo que le permitió a los funcionarios realizar promoción de la revocación.

Pero 19 días después, el Tribunal Electoral lo declaró "inaplicable" para el ejercicio, en sesión privada y a propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

En este escenario, el INE sumó 283 quejas y 26 resoluciones en las que edeterminó que el presidente, diputados y otros funcionarios emanados de Morena violaron la veda electoral con promoción de imágenes, ogros políticos y el ejercicio.

El presidente López Obrador acusó al INE de intentar sabotear la consulta.