Para contener los aranceles, Sheinbaum aceptó tomar medidas encaminadas a contener el tráfico drogas y el flujo migratorio. Se implementó la la Operación Frontera Norte, con el despliegue de 10,000 elementos de seguridad, cuyos resultados son 129 kilogramos de fentanilo y 1,899 presuntos delincuentes detenidos.
México también ha contribuido a que en la frontera común el número de encuentros con migrantes esté en sus niveles más bajos. En febrero, el segundo mes del gobierno de Trump, se registraron 11,709 encuentros (detenciones), casi 50,000 menos de los reportados por EU en enero, que fueron 61,447.
La agenda reformista
En sus primeros seis meses como presidenta, Sheinbaum envió al Congreso de la Unión 31 reformas de diversas materias que van desde seguridad, energía, vivienda, electoral y de género, por lo que la agenda del Poder Ejecutivo ha dominado las discusiones en el Senado y en la Cámara de Diputados.
Pero no todas las reformas han sido avaladas tal cual las envió la mandataria, como sucedió con su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. De total de iniciativas que remitió, tres fueron cambiadas y una más (a la Ley del ISSSTE) fue retirada antes de su discusión por la presión que ejerció la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Alejandro Martínez Serrano, académico de la Universidad La Salle, observa que Sheinbaum le ha dado continuidad a las iniciativas de López Obrador, ya que varias propuestas que ha presentado están relacionadas con modificaciones constitucionales que el exmandatario federal envió unos meses antes de terminar su sexenio.
“Se entiende al actual gobierno como una continuación de la anterior. No se distingue de aspectos muy destacados, sino como una continuidad de la administración anterior. Ese es el postulado por el cual la mayor parte del electorado votó por ella, no una diferenciación entre un gobierno y otro”, advierte el experto en política.
Entre las iniciativas que impulsó la presidenta están dos paquetes de reformas que establecen las reglas para la primera elección del Poder Judicial, que se realizará el 1 de junio, así como aquellas que desaparecieron el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Otras iniciativas que la mandataria federal envió al Congreso de la Unión son en materia de seguridad. Propuso expedir dos nuevas leyes para crear un Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, en el que las autoridades de cualquier nivel de gobierno estén interconectadas para dar información a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El politólogo Bernardino Esparza detalla que, del 1 de octubre al 17 de marzo, se modificaron 39 artículos constitucionales, que representan 41% de los que se reformaron en los casi seis años de la administración de López Obrador, que en total fueron 96.
“Si vamos con esa tendencia de reformas y cambios constitucionales, entonces en otros seis meses tendríamos, cerrando números, 80 artículos modificados. Así sucesivamente podríamos llegar, si esa es la tendencia, a hacer muchos cambios en torno a su administración; es decir, podría concluir la presidenta con más reformas a artículos constitucionales que el presidente anterior”, apunta.
El también profesor de la Universidad La Salle estima que después de septiembre, una vez que tomen cargo los nuevos juzgadores, la presidenta presentará una reforma político-electoral, a través de la cual se reorganizará el Instituto nacional Electoral (INE), se reducirá el financiamiento público a los partidos y se disminuirá el número de legisladores elegidos por representación proporcional o “pluris”.
