En los primeros tres meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, el Congreso de la Unión aprobó la mitad de las reformas constitucionales que se avalaron en todo el sexenio de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
De octubre a diciembre, la aplanadora morenista aprobó 13 reformas constitucionales en diversas materias como laboral, salud, educación, vivienda, energía, seguridad y protección animal; en los seis años del gobierno de López Obrador se aprobaron 26 en total.
De acuerdo con un documento del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, de diciembre de 2018 hasta febrero de 2024, se avalaron 23 reformas, pero a ellas se agregaron las tres modificaciones que se hicieron un mes antes de que López Obrador terminara su gobierno; es decir, en total fueron 26.
Significa que, en promedio, los legisladores tardaron 83 días en cada reforma.
De 2018 a 2021, Morena y aliados sólo tuvieron mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no en el Senado, y después de las elecciones intermedias de 2021, el partido oficialista perdió el control de San Lázaro. Esto implicó que fueron necesarios acuerdos políticos con otras bancadas para que pasara una reforma constitucional.
“En un inicio, la mayoría calificada en la cámara baja y el bono democrático producto de 53 millones de votos en las urnas parecían generar condiciones favorables para aprobar reformas constitucionales en el marco de la llamada ‘Cuarta Transformación'", se menciona en el informe del IBD.
''Sin embargo, la pérdida de la mayoría calificada luego de las elecciones de 2021, aunado al clima de confrontación y polarización fomentado por el Ejecutivo, han dificultado la agenda legislativa del gobierno, como quedó de manifiesto con el rechazo de la reforma eléctrica en octubre de 2021 y la político-electoral en diciembre de 2022”, agrega.
Ante estos “fracasos” –señala el documento-, el gobierno federal dejó de enviar iniciativas de reforma constitucional al Congreso desde finales de 2022 hasta enero de 2024.
Pero el 5 de febrero de este año, en la recta final de su administración, López Obrador mandó un paquete de 20 iniciativas de reformas constitucionales a la Cámara alta.
Entre las reformas que se aprobaron con López Obrador están: la extinción de dominio, en donde se precisó que esta acción se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil; la creación de la Guardia Nacional y adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública; se amplió el catálogo de delitos en los que el juez debe ordenar la prisión preventiva oficiosamente; y se canceló a reforma educativa impulsada por expresidente Enrique Peña Nieto.
“De hecho, el 78% de las reformas constitucionales aprobadas durante la administración del presidente López Obrador, se dio durante los primeros tres años de gobierno”, señala el documento del IBD.
Con el actual gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum llegó la 67 legislatura del Congreso de la Unión, donde Morena en un principio sólo tenía la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no en el Senado, pero unos días después convencieron al senador Miguel Ángel Yunez Márquez de unirse a ellos y así logar los votos requeridos para pasar cualquier cambio constitucional.
Eso le ha permitido al partido oficialista avalar la mayor parte de las reformas constitucionales que envió López Obrador en febrero de este año, ya que no necesitan acordar ni negociar con los partidos de oposición para que estas pasen.
En los casi 90 días que lleva el gobierno actual, el Congreso de la Unión ha aprobado 13 reformas constitucionales y en tiempo récord, a un ritmo de siete días en promedio.
Con la mayoría calificada de Morena y aliados, la primera reforma -en este sexenio- fue al Poder Judicial, la cual establece que en 2025 los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como jueces y magistrados serán destituidos para elegirlos a todos por voto directo.
Las elecciones las realizará el Instituto Nacional Electoral (INE); los candidatos podrán participar en foros organizados por ese organismo, pero no deberán usar financiamiento público ni privado en sus campañas, tampoco contratar espacios en radio y televisión para promocionarse y los partidos políticos no deberán realizar actos de proselitismo a favor o en contra de alguna candidatura.
Le siguieron 12 modificaciones constitucionales más, como la reforma que envía la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la que establece que el Infonavit construirá y arrendará viviendas para trabajadores y también otra que elevan a rango constitucional la prohibición del maltrato a los animales.
Una más que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, y otra que establece que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales nunca estará por debajo de la inflación, entre otras.
