“Ese maquillaje de las cifras se da prácticamente en todos los delitos. Eso es grave porque las decisiones políticas que se están tomando no obedecen a la realidad, y los que terminamos afectados somos los ciudadanos”, agrega.
En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador suman 135,461 homicidios dolosos, cifra que ya superó las 120,463 muertes violentas ocurridas durante el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, cuando se declaró la llamada guerra contra el narcotráfico.
“Faltando unos 13 o 15 meses de que termine la actual administración también se superarán los 156,000 homicidios de Enrique Peña Nieto, de tal manera que en los últimos meses de esta administración cada nuevo homicidio será un nuevo récord en la historia de la violencia letal en el país”, advierte Ricardo Márquez Blas, consultor y especialista en seguridad.
El combate a la corrupción también es visto como un gran pendiente de esta administración. Si bien, el país pasó del lugar 138 (2018) al 124 (2022) de 180 países en el Ranking de Transparencia Internacional, el sistema legal que se confeccionó para combatir ese flagelo se abandonó.
En cuatro años su gobierno no ha estado exento de escándalos de corrupción como el Segalmex. En el Sistema de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), considerado como el “Conasupo de la 4T” se han detectado malos manejos que propiciaron daños al erario por más de 9,500 millones de pesos y por los cuales se han interpuesto 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República, además las polémicas han tocado a sus círculos más cercanos con uno de sus hijos y sus hermanos.
El de López Obrador es un gobierno que opta por las adjudicaciones más que por las licitaciones. Organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción han revelado que 8 de cada 10 contratos de la administración pública han sido entregados por esa vía.
“La corrupción fue otra de las grandes banderas de este gobierno, sin embargo, falta mucho qué hacer en términos de fortalecimiento institucional. Poco se ha hecho por robustecer la figura del Sistema Nacional Anticorrupción que fue un proyecto que quedó varado y tiene grados de desarrollo disímbolo al interior de las entidades federativas. Todavía persiste un margen de impunidad, poco se ha hecho por detener a figuras, servidores públicos que pudieran estar involucrados en actos de corrupción, o familiares, lo cual genera una impresión de que la justicia se aplica de manera selectiva y no de manera igualitaria”, explica Urbina Cortés.