Guardia Nacional: 41 meses de operar bajo mandos y protocolos militares
Formalizar la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena tiene como propósito dotar legalmente de más recursos al Ejército, consideran expertos en seguridad pública.
La esencia civil de la Guardia Nacional quedó solo en letra. Aunque el artículo 21 de la Constitución señala que se trata de una institución de seguridad pública de carácter civil, la corporación suma 41 meses de operar bajo mandos y protocolos militares. En los hechos, la institución comandada por el general retirado Luis Rodríguez Bucio y compuesta por más de 80% de elementos de las Fuerzas Armadas, no ha necesitado ni de una reforma constitucional ni de un decreto para funcionar bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Expertos en seguridad pública explican que si bien la Guardia funciona bajo un mando militar, la intención de formalizar su transferencia a la Secretaría de la Defensa Nacional está en los recursos económicos, los cuales empoderarán aún más a la institución comandada por Luis Cresencio Sandoval.
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Juan Carlos Piña, especialista en seguridad y catedrático del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), explica que la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de emitir hace meses un decreto para trasferir operativa y administrativamente la Guardia Nacional es formalizar lo que ya en los hechos opera.
“Es un fenómeno que ya venimos viendo desde hace tiempo: el mando principal de la Guardia Nacional proviene de las Fuerzas castrenses es militar, los encargados de cada una de las coordinaciones de la Guardia en los estados de la República son militares y aproximadamente el 80% de quienes componen la institución provienen de las fuerzas armadas. Lo que hoy se pretende es hacer de iure lo que ya está de facto que es plasmar en documentos lo que realmente ya viene sucediendo”, refiere.
La Guardia Nacional inició operaciones el 30 de junio de 2019. Con el propósito de cubrir 266 regiones y tener 150,000 efectivos, la corporación comenzó sus tareas de seguridad con 70,000 elementos y poco a poco ha ido sumando elementos, pero la mayoría son comisionados de las Fuerzas Armadas.
“Se violó la ley porque de facto estaban adscritos a la Defensa Nacional, pero en el diseño y estructura dependían de la Secretaría de Seguridad, pero en realidad no fue así. Estaban adscritos a la Sedena, recibían ordenes de la Sedena”, afirma Miguel Garza, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C (insyde).
A través de una respuesta a una solicitud de información, la Secretaría de Seguridad Pública (SSPyPC) precisó que 33,945 elementos de la extinta Policía Federal se incluyeron a la Guardia Nacional. Sin embargo, año con año, esa fuerza civil ha ido disminuyendo. De 2019 a 2020 pasó de 33,945 a 22,970; en 2021 de 22,970 a 22,816 y en 2022 de 22,816 a 18,376, es decir, en tres años, el 46% de los ex policías federales han salido de la corporación.
Actualmente la Guardia Nacional se compone de 118,188, de los que la mayoría son “transferencias” de militares a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pero mantienen sus plazas en la Defensa Nacional y en la Marina.
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El analista en seguridad pública, Daniel Gómez Tagle, explicó en una entrevista a Expansión Política que ya varias generaciones que se forman en escuelas militares están siendo comisionadas directamente a la Guardia Nacional.
“Todas las nuevas generaciones del Heroico Colegio Militar son asignados a la Guardia Nacional, y eso contraviene a los propósitos de formación del Heroico Colegio Militar en cuanto a los mandos, porque de ahí salen los mandos del Ejército. Tenemos una Guardia Nacional que se le asignan mandos que son improvisados que no son formados para ser policías, luego porque no tienen la experiencia de campo para ser un policía que requieren varios años para poder a llegar a ser mandos”, sostiene.
Hace unas semanas, Karla María Macías, jueza Noveno de Distrito en Guanajuato, otorgó una suspensión definitiva para frenar la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena y ordenaba devolver el control de esa corporación a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
Con esa resolución, de debía suspender la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales de la SSP a la Sedena.
Es justo en los recursos en los que expertos como René Gerez López, investigador de la organización Causa en Común, consideran que está el interés del presidente López Obrador de transferir la Guardia Nacional a la Sedena.
“El verdadero interés de este trámite es dinero. Ahora el presupuesto de la Guardia Nacional, que en teoría es presupuesto que debería tener la Secretaría de Seguridad Pública, ahora será de la Sedena. Entonces se infla el presupuesto de la Sedena con esta adscripción de la Guardia, todo el dinero que se le asigna a la Guardia no es de la Guardia sino de la Defensa Nacional”, destaca.
Es bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que las Fuerzas han recibido más dinero. Entre 2019 y 2022 se les ha asignado 582,745 millones 023,272 pesos de presupuesto, pero también 74,000 millones de pesos más por al menos 227 funciones civiles que se les han transferido.
Instituciones como México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), han alertado el poder económico que se les ha dado a las Fuerzas Armadas. En su reporte “El negocio de la militarización en México. Opacidad, poder y dinero”, refieren que entre el 2006 y 2021, el presupuesto para los militares ha tenido un incremento de 163%, pero además, han alertado que ejercido 14,537 millones de pesos más de los presupuestado, ello gracias a adecuaciones presupuestarias que no son votadas por el Congreso de la Unión sino avaladas por el titular del Poder Ejecutivo.