Karla María Macías, jueza Noveno de Distrito en Guanajuato, otorgó una suspensión definitiva a la organización Uniendo Caminos México (UCMéxico) contra el decreto por el que la Guardia Nacional (GN) se incorpora a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La suspensión frena de forma indefinida la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena y ordena devolver el control de la GN a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
Con fundamento en los artículos 139 y 147 de la Ley de Amparo, la jueza concedió la suspensión definitiva para que la decisión se retrotraiga al estado que guardaba antes de la promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, publicados el pasado 9 de septiembre.
En consecuencia, la jueza ordenó que "no se transfiera el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional", por lo que "dicho organismo continúa bajo el mando de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadanda, como prescribe el artículo 21 de la Constitución".
La resolución establece además que los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Defensa Nacional deben suspender de inmediato la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales, pero en caso de que dicha transferencia ya haya iniciado se establece entonces que los recursos deben restituirse, en los términos previstos en el Presupuesto de Egresos de 2022.
"Esta suspensión no causa perjuicio al interés social ni al orden público, porque no se obstaculizan las funciones de la Guardia Nacional para llevar a cabo la función de seguridad pública, pues sólo continuará bajo el mando civil, tal como establece la constitución", se lee en la versión pública de la sentencia.
La resolución fue otorgada luego de que Ángel Castro Gómez, representante de la organización de defensa de Derechos Humanos Uniendo Caminos México, presentó un amparo solicitando declarar inconstitucional la transferencia de la GN a la Sedena.
