En Iguala, Guerrero, sí hubo un cónclave entre autoridades de distintos niveles en torno al caso Ayotzinapa, sin embargo, no fue para confeccionar la llamada “verdad histórica”, sino para acordar la intervención de los teléfonos de integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, según un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En el capítulo “La construcción de la llamada verdad histórica”, se revelan las reuniones entre autoridades civiles y militares.
“Al menos desde el 7 de octubre de 2014 se realizaron juntas del conjunto de autoridades policiales y militares al más alto nivel en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, presididas por Tomas Zerón de Lucio y en las que participaron también personal de la SEIDO, CENAPI, de la PGJ, Policía Federal, seguridad pública del Estado y el CMTE de 35/a Z.M. de Chilpancingo Guerrero, por lo que al menos desde esa fecha existía una coordinación entre autoridades civiles y militares para avanzar en las investigaciones”, se lee en el Tercer reporte del GIEI.
En el conclave en el que se definió esta intervención a miembros de Guerreros Unidos habrían participado Tomás Zerón de la AlC; Carlos Gómez, director de la Policía Federal Ministerial; Vidal Dinaleal, del Cenapi; Gualberto Ramírez, de la Seido; Iñaky Blanco, procurador de Guerrero, Omar García Harfuch, Martín Cordero y Alejandro Saavedra, comandantes de la IX Región y de la 35 Zona Militar.
En una reunión –se detalla en el reporte– se acordó dar seguimiento a la telefónica de quienes estaban implicados en la desaparición de los jóvenes.
“Así, en la reunión del 7 de octubre se acordó: 'En base a la información vertida, el maestro Tomas Cerón (sic) indicó que se procediera de inmediato a establecer una mesa de trabajo entre las procuradurías para las siguientes acciones: una mesa de inteligencia para establecer los teléfonos del personal implicado y hacer seguimiento'”, revela el informe.
En una presunta reunión al siguiente día, el entonces titular de la AIC, Tomás Zerón, solicitó a elementos de la Procuraduría General de la República “identificar los teléfonos de implicados para el seguimiento correspondiente”.
La versión del cónclave “chocaría” con la de la FGR, que ha buscado inculpar al entonces procurador Jesús Murillo Karam de encabezar una reunión de funcionarios donde supuestamente se confeccionó la “verdad histórica”.
En ese cónclave –advierten– habrían participado, además de Murillo Karam, Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero; Omar García Harfuch, mando de la extinta Policía Federal (PF), y Carlos Gómez Arrieta, titular de la Policía Federal Ministerial (PFM).
Según los reportes, esa reunión de funcionarios se dio un día después de que Murillo Karam hubiera anunciado que estaría a cargo de la investigación en torno a la desaparición de los 43 jóvenes.
En el cuarto informe, presentado hace unos días por los miembros del GIEI, se señala que desde el 5 de octubre de 2014 se montó una coordinación de altos mandos de todas las corporaciones de seguridad y de la PGR, llamada “war room”, que llevó a cabo investigaciones y acciones cuyo contenido concreto se desconoce.
