Encinas: no hay indicios de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa estén con vida

El también subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación aseguró que se trató de un crimen de Estado en el que hubo vínculos entre autoridades, policías municipales y el grupo delictivo Guerreros Unidos. para la persecución, captura y desaparición de los 43 jóvenes.

"Las autoridades estatales y municipales, y federales estuvieron informadas de la toma de camiones, del traslado de los estudiantes a Iguala, de su llegada a la caseta, de su llegada a la central de autobuses, de los hechos de persecución y de violencia de los que fueron objeto, por lo cual las omisiones en las que incurrieron estas autoridades acreditan un nivel de responsabilidad ya sea por acción, omisión o negligencia, porque de haber intervenido oportunamente con la información que disponían se hubiera impedido la desaparición y asesinato de los estudiantes", explicó.

Incluso, comentó que la Secretaría de la Defensa Nacional tenía en la escuela normal a un militar, el cual informaba sobre las actividades de los estudiantes, quien desapareció junto a otros alumnos, sin embargo, este elemento no fue buscado.

“Todas las autoridades estatales y municipales y federales estuvieron realizando el seguimiento de las acciones y movimientos de los estudiantes, tan es así que impidieron la toma de los autobuses. Además la Secretaría de la Defensa Nacional tenía dentro de la normal al soldado Julio César López, quien estaba realizando informes para la Secretaría de la Defensa Nacional dentro de la Normal. Era el responsable de informar de lo que acontecía en las asambleas de la normal, de las movilizaciones de los estudiantes e incluso estaba informando de los actos preparatorios de la marcha del 2 de octubre. Este soldado estaba bajo el mando del teniente de infantería Marcos Macías del 27 batallón, su último informe fue al filo de las 10 de la mañana y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda”, refirió.

Padres y abogados de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa se reunieron este jueves en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con integrantes de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

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Conocer la verdad y castigar a los responsables de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa son uno de los 100 compromisos que hizo López Obrador el 1 de diciembre de 2018, en el Zócalo de la Ciudad de México, tras tomar protesta como presidente.

Como parte de ese compromiso, el 4 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa , presidida por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Los estudiantes nunca estuvieron juntos

Alejandro Encinas explicó que la orden para desaparecer a los 43 estudiantes se dio al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre, y dijo que forma parte de las investigaciones en curso el determinar quién la emitió.

Lo que sí, dijo, es que es un hecho que tras su captura ninguno de los 43 jóvenes estuvieron juntos, ni en el basurero de Cocula, como refería la llamada verdad histórica que sugería que ahí fueron incinerados.

"Tras la salida de la Terminal de Autobuses de Iguala en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición. Nunca estuvieron los 43 juntos en el basurero de Cocula", afirmó.

Guerreros Unidos actuó con un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central, y tres células delictivas con apoyo de autoridades municipales y agentes de Estado, abundó el titular de la comisión.

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"La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”, planteó.

Pese a que no hay indicios de que alguno de los jóvenes esté con vida, el subsecretario informó que la investigación no se cerrará hasta dar con su paradero.

"No estamos cerrando, como alguien lo ha señalado, la investigación. La investigación continuara hasta que encontremos a los muchachos", destacó.

Agregó que existen indicios suficientes para que la Fiscalía General de la República inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de 33 personas, entre ellas integrantes de Guerreros Unidos, funcionarios municipales o funcionarios federales.

Sobre Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República, informó que se le ofreció un criterio de oportunidad, pero lo rechazó.

“Establecimos contacto con los abogados de Tomás Zerón de Lucio, que permitió llevar a cabo un encuentro en Tel Aviv los días 16 y 17 de febrero del presente año en donde se le ofreció un criterio de oportunidad que no aceptó", añadió.