Desde el 31 de octubre de 2025, cuando la magistrada Janine Otálora dejó su puesto en la Sala Superior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sesiona incompleto. Hasta el momento, acumula 328 días sin sus siete magistraturas, lo que contradice la legislación mexicana.
El problema es que, hasta ahora, no existe una ruta clara para completar la Sala Superior, incluso ante el proceso electoral de 2027 .
Para especialistas, la falta de una integración completa y la incertidumbre sobre cuándo se resolverá abonan a los cuestionamientos sobre la credibilidad y legitimidad del órgano encargado de resolver las controversias electorales.
"Si el Tribunal debe tener siete magistraturas así debe integrarse, y el que inicie con cinco magistraturas es símbolo de debilidad", señala Arturo Espinosa Silis, director del think tank Laboratorio Electoral.
En ningún lugar del mundo se ve bien que el máximo órgano de decisión atienda el proceso electoral incompleto.
El artículo 99 de la Constitución mexicana establece expresamente que la Sala Superior del Tribunal Electoral debe integrarse por siete magistradas y magistrados electorales.
Esta Sala es la encargada de calificar la elección presidencial; es decir, realizar el cómputo final, declarar la validez de la misma y otorgar la constancia de mayoría a quien resulte ganador.
Además, atiende la resolución de controversias. Sus integrantes deben conocer y resolver en última instancia los juicios de inconformidad, proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía, revisar la legalidad de resoluciones de otras autoridades electorales, como el INE y los Tribunales locales, y sancionar a actores políticos que incumplan la norma.
Pero, una de sus mayores atribuciones es fijar jurisprudencia, es decir, establecer los criterios obligatorios para la aplicación de la ley electoral en todo el territorio nacional. Precisamente por eso, las sentencias y los votos de cada magistratura son tan relevantes.
Idealmente, los siete espacios de la Sala Superior deben ocuparse para diversificar los criterios jurídicos, garantizar equilibrio de visiones en la interpretación de la ley y cumplir con la paridad de género.
La cifra de siete integrantes no es fortuita. Responde a criterios de diseño constitucional y operatividad jurídica, definidos desde la reforma electoral de 1996, pero especialmente atiende a los requisitos de quórum.
Para sesionar de manera ordinaria bastan cuatro integrantes, pero para calificar la validez de la presidencial se necesitan seis. Así que un pleno de siete proporciona margen de operatividad frente a licencias o excusas.
“Desgraciadamente, el Tribunal incompleto ya se normalizó. Una situación que tendría que ser absolutamente excepcional, hoy se ha convertido en la norma general. No es ninguna casualidad que la Constitución pida una integración de siete”, advierte Javier Martín Reyes, Doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Pese a la relevancia de este órgano, actualmente no hay claridad sobre cómo se cubrirán dos sillas vacantes de su Sala Superior: la magistrada Otálora dejó el puesto cuando decidió no acogerse a la ampliación de su encargo que le ofrecía la reforma judicial del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Un año más tarde, la Magistrada Mónica Soto renunció de manera adelantada a su encomienda; aseguró que tenía un compromiso con su familia, aunque –en estricto sentido– no acreditó una causa grave, que es el requisito para dejar el puesto.
El analista electoral Javier Martín Reyes aclara que una laguna jurídica es lo que ha impedido restablecer la normalidad en el Tribunal, pero también resalta que al oficialismo no le preocupan las vacantes en lo más mínimo, por la cercanía que tiene con el partido en el poder.
Este es un Tribunal que, en los asuntos que le conciernen al poder, decide a partir de presiones políticas,
Como experto en derecho reconoce que las posibilidades que tiene la Sala para ocupar los lugares que dejaron Otálora y Soto no son evidentes.
“El régimen transitorio de la reforma judicial está tan mal diseñado que no aclara qué es lo que se tiene que hacer en estos casos. Una interpretación es revivir el viejo proceso de designación, donde la Corte propone una terna y el Senado vota. La otra, es utilizar la regla de prelación, y convocar a quienes hayan obtenido más votos en el nuevo proceso, después de Gilberto Bátiz y Claudia Valle Aguilasocho”, dice Martín Reyes.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña ha sido enfático al señalar que las vacantes no determinan la autonomía de un órgano como el Tribunal. Sin embargo, analistas apuntan que no se debe minimizar este hecho.
“Ese eslogan de ‘la independencia no se mide por el número de sillas ocupadas suena bonito, pero yo creo que es una falacia’. El número de sillas importa y por muchísimas razones, quizá a las y los magistrados se les olvida que incluso en muchos asuntos se necesitan votaciones calificadas. Entonces, qué lamentable que algunos integrantes crean que una integración irregular no tiene incidencia”, responde Javier Martín.
No es la primera vez que el Tribunal opera incompleto. En años previos, como 2005 y 2006 o 2015 y 2016, desde el 2023 existe una tendencia a operar siendo omiso con la norma constitucional. De hecho, en 2024, para calificar la elección presidencial este órgano tuvo que recurrir a una magistrada regional para que ocupara de manera temporal un espacio vacante y así lograra el quórum indispensable de seis magistraturas.
El también socio de la consultora Strategia Electoral, Espinosa Silis, añade el hecho que el Tribunal ha tenido resoluciones cuestionables. Reprocha que las magistraturas no hayan hecho lo suficiente para detener las campañas anticipadas e insiste en que esta clase de resoluciones desgastaron su figura.
“Permitieron esta clase de promoción velada, tuvieron en sus manos esa sentencia y dejaron que ocurriera, por supuesto en favor de Morena. Todos vimos a las 'corcholatas' presidenciales violar la ley electoral impunemente”, lamenta.
Martín Reyes sentencia que el gran problema del Tribunal va más allá de las vacantes y de la poca voluntad política para ocuparlas, y afirma que en las votaciones trascendentales, aquellas que pueden afectar al partido en el poder, es posible comprobar que la mayoría no decide con la constitución en la mano.
“Los asientos ocupados no son lo más importante del Tribunal, sino la captura que han logrado de este árbitro, que ha dejado de ser imparcial desde hace mucho tiempo. Con mucha frecuencia este Tribunal no se comporta como un órgano que sigue las reglas del derecho sino que permite que prevalezcan los intereses políticos”, concluye.
