Elecciones 2027 arrancan con árbitros electorales bajo presión por ausencias y conflictos internos

Para el experto en democracia y elecciones, César Hernández González, tanto en el Instituto Nacional Electoral (INE) como en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se aprecia ausencia de cohesión y de trabajo colegiado, e incluso de diálogo interno, lo que podría afectar la buena conducción del proceso.

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En el caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral, se suman las vacantes de dos magistraturas, por lo que funcionará, como le ha ocurrido ya en varias ocasiones en los últimos años, de manera incompleta.

El próximo 31 de agosto, la magistrada Mónica Soto Fregoso concluye sus funciones por voluntad propia, mientras que el año pasado la magistrada Janine M. Otálora rechazó la validez de la reforma judicial y, por tanto, de la prolongación de mandato.

Con esos espacios vacíos, en donde la forma de ocuparlos no está prevista en la ley, el órgano jurisdiccional deberá resolver el cúmulo de impugnaciones por venir en las elecciones federales de 2027.

Expertos señalan que no es el ideal, pero no sería la primera vez que el pleno trabajará incompleto. “(El Tribunal) ya ha demostrado en el pasado con una integración incompleta, lo ha podido hacer, ¿verdad? Pero obviamente crea suspicacias y mucha incertidumbre en términos de seguridad jurídica, por el hecho de que ahora nuevamente se vuelve a trabajar en una condición incompleta”, indica Víctor Alarcón Olguín, experto en materia electoral y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Hernández González considera que existe un “punto de quiebre” en el Tribunal Electoral porque en el pleno se advierte la conformación de grupos y, por tanto, ausencia de unidad.

“Una de dos, o cierran filas, porque hay cinco magistraturas para poder sacar adelante todos los temas, o se vuelve una lucha entre dos facciones”, señala.

El experto señala que la ausencia de certeza y seguridad jurídica está en juego debido a que el Tribunal ha sido protagonista de situaciones de inestabilidad interna, donde hay dos grupos: el primero de los magistrados Felipe Alfredo Fuentes y Felipe de la Mata Pizaña, y el segundo por el magistrado presidente Gilberto Bátiz y Claudia Valle.

Los dos primeros han estado detrás de todos los casos de “golpe de Estado” por los que han salido de la presidencia los exmagistrados presidentes Janine M Otálora, José Luis Vargas y Reyes Rodríguez Mondragón.

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No obstante, el reto del Tribunal será mayor aún, por la aplicación de nuevas facultades, como la eventual anulación de elecciones por injerencia extranjera.

En esa atribución recién conferida por el Congreso, no se dotó al Tribunal de ley secundaria para normar su aplicación, por lo que los magistrados deberán emitir reglas ante un caso de ese tipo en el que se esperaría consenso por la trascendencia de la decisión.

La catedrática de la UNAM, Rosa María Mirón Lince, considera que ambos órganos electorales llegan “de capa caída” a la elección federal.

“Desafortunadamente las últimas decisiones que han ido tomando han sido muy, muy cuestionables”, dice.

Una de ellas, menciona, es la negativa de regular los procesos internos de los partidos, con los que las fuerzas políticas, sobre todo Morena con el anuncio de sus coordinadores de defensa, hacen precampañas adelantadas.

La consejera presidenta Guadalupe Taddei, así como los consejeros Arturo Chávez, Norma Irene de la Cruz, Frida Gómez, Jorge Montaño, Blanca Cruz, Ucc Kib Espadas y Rita Bell López, han bloqueado la decisión. La mayoría de ellos identificados por sus posturas afines a Morena.

En contraparte están los consejeros Arturo Castillo, Carla Humphrey y Martín Faz, quienes han impulsado esas regla para frenar las campañas adelantadas, el gasto sin control y, por lo tanto, la inequidad en la contienda.

La falta de cohesión en un órgano colegiado

Una decisión que demuestra las consecuencias de la división y un órgano “colegiado a medias” es que le dieron a la presidenta Taddei, la facultad de designar a los directivos ejecutivos.

Hernández González pone el ejemplo del caso de Mario Alberto Alejo García, quien fue nombrado titular de la Unidad Técnica de la Fiscalización (UTF), pero de acuerdo con consejeros Carla Humphrey, Arturo Castillo y Martín Faz, no contaba con el perfil requerido.

A este se suman otras designaciones como la de Anahí Silva Tosca, exasesora del exgobernador interino de Tabasco, Carlos Marino; el de José Luis Arévalo Romo, y de Rebeca Fernanda López Aguirre, exasesores del gobernador de Sonora y el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo Montaño, en direcciones ejecutivas del INE.

“Algún problema que tenga alguno de estos (u otros) los demás consejeros no van a cerrar filas con la consejera y (van a) dejar que cargue las consecuencias de esa decisión que debiera ser unitaria y privilegiando el diálogo”, expone el especialista de la UNAM.

Hernández González plantea que el INE, en su carácter de árbitro electoral, debe tener fuerza interna para la toma de decisiones y para tener autoridad ante los actores políticos, por lo que es de esperarse unidad y de cara al proceso federal.

“Lo que veo es un órgano que no está cohesionado, que está generando muchos problemas internos que yo espero que a la larga no afecten el proceso electoral”, dice.