Además, los integrantes de la Suprema Corte deberán determinar si un juez de amparo tiene las facultades de ordenar medidas específicas de investigación y búsqueda, aunque eso implique invadir ámbitos técnicos o discrecionales de autoridades ministeriales y administrativas, es decir afectar el trabajo de las fiscalías.
“A mi juicio este asunto reúne los requisitos de interés y trascendencia, para sentar un precedente que equilibre la autonomía ministerial con el deber interamericano de garantizar la verdad y la justicia (...) No desconozco que continúan pendientes las medidas más sustantivas en este caso: la investigación pendiente y la búsqueda de la víctima”, dijo el ministro Giovanni Figueroa.
¿Cómo llegó el asunto a la Corte?
La solicitud de atracción de este asunto deriva de una sentencia dictada por la jueza de distrito Karla Macías, que en 2024 calificó la desaparición de Rosendo Radilla como un acto de "terrorismo de Estado".
Macías ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) avanzar a fondo en las investigaciones, búsquedas y actos de memoria para atender oportunamente las medidas dictadas por la Corte Interamericana.
Diversas autoridades impugnaron la instrucción de la jueza, pero la hija de Rosendo Radilla pidió a la SCJN atraer el caso de nueva cuenta y definir el alcance de la investigación penal, considerando que las sentencia de la CIDH es obligatoria para el Poder Judicial.
