Tiempos acotados para revisar perfiles
Los expertos consultados consideran que el acceso a la información necesaria y el respeto a los plazos, serán cruciales para que el INE cumpla al menos en revisar perfiles.
Para ejemplificar lo que se viene, baste recordar que las precampañas de la pasada elección federal 2024 fueron del 20 de noviembre al 18 de enero de 2024. El plazo legal para el registro de candidaturas fue del 15 al 22 de febrero; la declaratoria de procedencia de registro el 29 febrero. Y las campañas fueron del 1 de marzo al 29 de mayo.
Tomando eso en cuenta, las revisiones de candidatos tendrían que realizarse simultáneamente a que inicie el registro y hasta la declaratoria de procedencia, es decir, en 15 días. A menos que se revisen también precandidatos el análisis podría iniciar desde noviembre.
“Tienen que analizar miles de candidaturas, solo de diputados podrían ser más de 4,000, más los que van a gubernatura y congresos locales, mas municipales. Solo en Oaxaca hay más de 500 presidencias municipales, serán miles y miles de personas”, dice el exfiscal.
Por eso, a su juicio debe instalarse ya la Comisión, establecerse los procesos a realizar y modificar las fechas de calendario electoral que hasta hoy se han usado, así como poner en marcha un sistema electrónico para que cada partido o candidato suba su información digitalizada para acelerar la revisión.
El INE debe generar los indicadores de riesgo, los elementos que considerará para determinar casos de atención, por ejemplo si tienen denuncias penales, demandas, procesos abiertos, litigios, si son deudores alimentarios, y firmar convenios de colaboración con las instancias de seguridad y justicia para establecer tiempos de respuesta con plazos más reducidos que los que hay actualmente, pues, por ejemplo, el convenio más reciente con la UIF prevé respuestas en 15 días tras la notificación y extensión de plazo a 10 días más.
Una norma sin consecuencias
Para el exconsejero Javier Santiago Castillo más allá del procedimiento de revisión se avizora su inutilidad porque el INE no tiene atribuciones para negar el registro de candidaturas por sospechas.
“Jurídicamente no es una norma eficaz, no tiene consecuencias (...) si acaso detecta indicios de ligas con la delincuencia no podrá hacer nada si no hay sentencia, todo queda en manos de los partidos si lo registran o no. Esta reforma es una aberración, no tiene ni pies ni cabeza”, señala.
Díaz Santana expone que a su juicio sí era necesario realizar alguna labor de carácter institucional para tratar de filtrar e impedir que personas vinculadas a la delincuencia organizada sean candidatos o que ganen, pero la Comisión es insuficiente.
“Si a esta comisión no le dan personal y presupuesto, y no tiene apoyos institucionales (para contar con información), pues obviamente va a ser una comisión que va a hacer un mero trámite, va a ir al fracaso”, advierte.
