“La situación actual de Sinaloa es de incertidumbre tanto en lo social, en lo económico y en lo político, en un contexto de sucesos violentos que no han cesado, a pesar de la fuerte presencia de las de las fuerzas policiales y armadas”, comenta Raquel Zapién Osuna, integrante del Comité de Participación Ciudadana.
Los efectos económicos
La incertidumbre institucional y la inseguridad tuvieron efectos directos en las decisiones de inversión, la competitividad y las oportunidades para miles de familias sinaloenses.
Cristina Ibarra señala que en ese periodo hubo 4,880 registros patronales dados de baja, es decir, negocios y empresas que cerraron, por lo tanto llevaron a la cancelación de empleos.
Además hubo una caída en las inversiones. En 2024, explica, antes de la crisis de inseguridad, el estado contaba con una inversión extranjera directa de 400 millones de dólares, con un promedio anual de 200 millones de dólares, pero 2025 cerró con un flujo de 40 millones de dólares.
“La caída es estrepitosa y es por lo mismo: las propias empresas no ven crecimiento. Anuncios de inversión se pueden hacer, pero ante la situación pues no hay una seguridad”, indica.
Un cambio de fondo
Desde la sociedad civil, advierten que una persona no representa un cambio ante "la peor tragedia de la historia" que vive la entidad.
Cristina Ibarra señala que Domínguez tiene una excelente preparación y trabajo político, pero sigue un lineamiento de responsabilizar a otros. "Atiende un lineamiento de 'aquí no pasa nada, aquí todo va muy bien, todo es culpa de los que vinieron detrás o antes de nosotros', ahí es donde no coincidimos”, dice.
Recuerda que diferentes sectores de la sociedad civil se reunieron con la entonces diputada federal para externarle algunos problemas económicos que la entidad estaba padeciendo, pero no encontraron eco.