El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, consiguió un amparo para evitar que sea incomunicado o sometido a actos de tortura por las autoridades responsables de su custodia.
Este sábado continúa la audiencia por videoconferencia ante la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada y contrabando, dentro de una red de huachicol fiscal.
Ruffo fue aprehendido el jueves en su domicilio, en Ensenada, Baja California, y tras su detención su defensa promovió el amparo, mismo que sólo lo protege parcialmente y no tiene implicaciones sobre el fondo del asunto ni de las acusaciones.
La audiencia comenzó el viernes 17 de julio a las 13:00 horas, pero ese procedimiento ha estado interrumpido por recesos. A su término, la Fiscalía podría solicitar la imposición de la prisión preventiva oficiosa para el exmandatario.
En tanto, la defensa de este podría solicitar la ampliación del plazo constitucional para que se determine si será vinculado a proceso por los delitos que le atribuye la autoridad y de ser el caso ese plazo extendido podría pasarlo en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, ubicado en el Estado de México.
El 19 de noviembre de 2025 Ruffo Appel compareció en calidad de testigo ante la FGR tras un decomiso histórico de más de 15 millones de litros de hidrocarburo realizado por las autoridades federales en Coahuila, cargamento vinculado a la empresa Ingemar S.A. de C.V., de la cual es socio.
En esa comparecencia y luego en entrevistas en medios de comunicación, explicó que esa empresa se dedica a realizar los pedimentos de importación de combustibles.
En esa calidad su tarea es de intermediaria y no realiza tareas de transportación ni de la comercialización. La revisión sobre la mercancía, su tipo y cantidad, precisó, es de las aduanas, a cargo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Sin embargo ha reconocido que debido a que ”el ambiente del huachicol está pesado” había intentado vender sus acciones pero los demás accionistas no se lo habrían permitido.
El pasado jueves 16 de julio la FGR lo detuvo y fue presentado ante la jueza, acusado formalmente por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Se le atribuye ser uno de los líderes de una banda que contrabandea huachicol, es decir, la importación de combustibles sin declarar el tipo de producto real o cantidades menores, para pagar menos impuestos.
Según la FGR la “red” incluía personal de aduanas, transportación con uso de decenas de ferro tanques y comercialización en varios estados.
Otros presuntos implicados, socios de Ingemar o de otras firmas, también han sido detenidos, entre ellos Ricardo Thompson Navarro, socio de Servicios Portuarios, S.A. de C.V. y ex vocal de la empresa Ingemar; José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, accionistas de Internacional de Fundentes, S.A. de C.V., con sede en Saltillo, Coahuila; y Adriana Magali Bárcenas Guillén, representante de Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V., con sede en San Luis Potosí.
Fueron detenidos también el agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez, de 86 años, en Monterrey, Nuevo León, y su dependiente autorizado, Luis Antonio Barrientos Juárez.
Hay adicionalmente orden de aprehensión contra Armando III Riestra Fernández, dueño de Servicios Aduanales JR, quien permanece preso desde enero en el Penal del Altiplano por un caso relacionado con huachicol en la aduana de Matamoros, Tamaulipas, donde se registran tres prófugos, todos mandos del Ejército.
