El entramado
Según la explicación, todo comenzaba con la importación de derivados del petróleo desde Estados Unidos. Al momento de introducirlos a México, se declaraban cantidades menores a las reales, productos distintos a los transportados o derivados sujetos a un menor pago de impuestos.
Para realizar estos trámites irregulares, la red contaba con la participación de agencias aduanales y personal autorizado que facilitaba el ingreso de los productos.
Para los traslados, además de las empresas dedicadas a la importación de derivados del petróleo y las agencias aduanales, había compañías de servicios portuarios y ferroviarios, así como empresas encargadas del transporte, comercialización y distribución del producto.
“El producto era trasladado por ferrocarril a un punto de descarga, donde era transferido a pipas y tractocamiones pertenecientes a 17 empresas diferentes. Desde ahí, los derivados del petróleo eran comercializados y distribuidos en distintos puntos del país”, explicó la fiscal.
80 cuentas bancarias para defraudar
La Fiscal expuso que la investigación no se limitó a documentar irregularidades en las operaciones de importación, sino que, de manera paralela, se desarrolló un análisis financiero especializado que permitió identificar patrones de operación incompatibles con la actividad económica reportada por las empresas.
“También permitió revelar los mecanismos utilizados para administrar, movilizar y dispersar los recursos derivados de estas actividades”, agregó.
Así se detectó el uso de “cuentas puente”, con movimientos vía 80 cuentas bancarias nacionales, por 3,075 millones de pesos y transacciones cambiarias de 1,386 millones de dólares.
“Las cuentas analizadas mostraban un patrón recurrente: los recursos eran recibidos y transferidos casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos. Este comportamiento es característico de las denominadas cuentas puente, utilizadas para dificultar la identificación del origen de los recursos y de sus beneficiarios finales”.
FGR defiende investigación contra Ruffo
La fiscal dijo que el arresto del exmandatario y de cuatro de 25 objetivos buscados, entre ellos empresarios y agentes aduanales, fue “resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible”.
Aseguró que hay pruebas contundentes y que las investigaciones continúan. Ya se ha detenido y sometido a proceso, del 1 de diciembre de 2025 al 15 de junio de este año, a 407 personas que operaban por vía marítima, aérea y terrestre para cometer delitos relacionados con el huachicol.
“Quiero hacer hincapié que, como parte de esta investigación, contamos con datos de prueba contundentes, dictámenes periciales, entrevistas, diligencias, análisis científico de la información, entre muchos otros, que han robustecido determinantemente esta indagatoria”, afirmó.