Su situación permanece en un impasse jurídico y político que ya llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre 700 juzgadores que litigan aún contra la reforma y sus diversos efectos, como los ceses, la afectación a la justicia o a la independencia judicial advierte María Emilia Molina, de la Asociación Mexicana de Juzgadoras.
En varios de esos casos, la CIDH ya otorgó un plazo al Estado mexicano para rendir su informe. Después de ello, puede emitir un acuerdo de admisibilidad y abrir el análisis de los recursos promovidos de forma individual.
Molina explica que ya venció el primer plazo de tres meses y el mes extra que se le dio al Estado mexicano para contestar y no se hizo.
"Creemos que en los otros casos igual no han contestado, creo que es una evidencia del desprecio que tiene el Estado mexicano, no solo hacia los sistemas internacionales, sino al propio Estado de derecho, al nacional y al internacional”, afirma Molina.
“Estamos en el peor de todos los mundos. El mismo día nos quedamos sin trabajo, sin seguridad social. No podemos ejercer donde trabajábamos. Y en el mercado laboral hay temor por contratarnos por esa campaña de ocho años en que se nos desprestigió y se nos acusó de todo".
María Emilia Molina, Asociación Mexicana de Juzgadoras.
La juzgadora explica que el recurso ante la CIDH no constituye una disputa laboral por restitución, salarios caídos o reconocimiento de antigüedad, sino que se centra en cómo se resarce el daño, cómo se restituye la independencia judicial, el acceso a la justicia, la separación de poderes y las garantías de no repetición.
Sin embargo, también está en juego en instancias nacionales la defensa de derechos y medios de vida, pues detalla que hay muchas personas adultas mayores. "Muchos no tuvieron capacidad de ahorro por las cargas de cuidado de hijos, padres o de autocuidado, con problemas de salud derivados incluso del estrés de la reforma y además sin un plan de vida”.
Por ello, a casi dos años de la reforma judicial y a un año de la elección del Poder Judicial de la Federación (PJF), continúa la defensa de derechos, junto con las dudas sobre el manejo de más de 17,147 millones de pesos provenientes de los Fideicomisos del Poder Judicial que debieron garantizar el finiquito de los juzgadores.
“Las personas juzgadoras no teníamos derecho conforme la ley a una indemnización porque nuestros nombramientos eran inamovibles y la única forma de ser cesados, de acuerdo a la Constitución, hasta antes de la reforma, era por una responsabilidad administrativa grave. Al no existir esta pues se reconoce tácitamente que habría un cese, un despido injustificado”, recuerda Molina.
Por ello, la Constitución estableció un pago extraordinario para los juzgadores, tanto para quienes decidieran retirarse como para quienes contendieran y no resultaran electos.
El problema, acusa, es que de manera ilegal esos recursos que debieron destinarse a los juzgadores se utilizaron –en una proporción aún no clara-– para otros fines.
Ahora la situación afecta al menos a unos 200 juzgadores que no han recibido pago alguno y, en la mayoría de los casos, tampoco reciben explicación, lo que los ha llevado a movilizarse en las calles.
“Hacen que supliquemos y que nos humillemos para hacerlo cuando ningún trabajador tendría por qué bloquear una calle para que le paguen una liquidación, ¿no?”, indica Molina.
