México ante CIDH: Reforma Judicial era necesaria y ya es una realidad

"Toda vez que los jueces han faltado a su deber de impartir justicia, han liberado a delincuentes comunes y peligrosos, a narcotraficantes, han dictado sentencias sin perspectiva de género, (...) y está ampliamente documentado el nepotismo de los poderes judiciales federal y de los estados", añadió.

Montero Solano acusó que la actuación de los juzgadores contra la reforma judicial les involucra en un conflicto de interés y “hasta ahora no hay violación a derechos humanos, hasta ahora son especulaciones, todo se habla en un futuro incierto”.

"La reforma judicial ya es una realidad en México", sentenció durante la audiencia.

Previamente los comisionados de la CIDH realizaron varias preguntas y concretamente Andrea Pochak, relatora para México cuestionó sobre el diagnóstico que llevó a la reforma judicial.

Montero dio una respuesta confusa, pues primero dijo que la decisión se tomó con base en una encuesta, pero admitió: “hay encuestas claras en cuanto al diagnóstico que señalan no existe un diagnóstico, sin embargo desde 2017 hay análisis, hay diagnósticos, hay artículos, que establecen la necesidad de reformar”.

"Esta reforma era necesaria. La reforma judicial es ya una realidad en México", manifestó.

Solano incluso aseguró que el 5 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación “confirmó la validez de la reforma constitucional en materia judicial, como se advirtió resulta inviable la posibilidad de someter a control jurisdiccional una reforma constitucional”.

La reforma, dijo, "garantiza el ejercicio de una justicia imparcial, fuera de intereses particulares y la protección y garantía de derechos mediante una justicia pronta y expedita. Y la cercanía con la gente, recuperando la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia".

Antes, Luz Baños, embajadora de México ante la Organización de Estados Americanos, relató todos los requisitos de procedimiento legislativo que se cumplieron para la aprobación de la reforma y que esta se aprobó con amplio consenso.

Esta tarde, juzgadores y organizaciones civiles participaron en una audiencia temática en la CIDH, en la que expusieron sus alertas por ese cambio al Poder Judicial mexicano.

Durante la audiencia, protestaron por la destitución "arbitraria" de juezas y jueces, y acusaron que las modificaciones constitucionales constituyen un desvío de poder y una intención de cooptación del Poder Judicial.

"Es un retroceso significativo. Hay un efecto devastador sobre el Estado de Derecho", enfatizaron.

Gloria Angélica Laguna, trabajadora del PJF, con carrera judicial desde hace 20 años, dijo que erróneamente se afirma que sus derechos laborales están protegidos, pues hay un "apoderamiento" de los órganos jurisdiccionales por parte del Ejecutivo.

"Miles de personas nos hemos volcado a las calles en forma de protesta, tenemos un desánimo colectivo sobre nuestro presente y el futuro. No sabemos cómo terminará esta lucha, pero la historia sabrá que nunca nos rendimos".

Acudieron a la CIDH, entre otras, organizaciones como Asociación Nacional de Magistrados de circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), que encabeza la jueza Juana Fuentes, la Asociación Mexicana de juzgadoras AC (AMJAC), que dirige Rosa Elena Alonzo, y el Colegio de Secretarios y Actuarios del Poder Judicial de la Federación.

Ante los comisionados de la CIDH, la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora de la JUFED, acusó que la reforma judicial fue “una purga masiva de juzgadores” que tiene con el fin de eliminar a los contrapesos democráticos en México.

Planteó ante todo cuatro preocupaciones: la destitución masiva de personas juzgadoras; el cambio del sistema de méritos por el de elección de titulares por voto popular; la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, y la regresividad de derechos laborales. La dirigente expuso que el Poder Judicial vivió seis años de ataques sistemáticos del Estado en que se les acusó de corrupción generalizada sin pruebas para destituir a 1,800 titulares juzgadores via tómbola y con ello se violó su garantía de permanencia en el cargo.

La Comisión, preocupada

Tras oír a las partes, los comisionados de la CIDH adelantaron posturas, con el reconocimiento de que la audiencia no es parte de un procedimiento contencioso, es decir, no ha iniciado un procedimiento de queja en contra del Estado Mexicano.

Algunos pidieron el diagnóstico que llevó a México a destituir a todos sus juzgadores, por qué no se reformó a las fiscalías o bien, garantías de que el crimen organizado no intervenga en las elecciones judiciales.

Andrea Pochak, relatora de la OEA para México, expuso la preocupación de la CIDH pero ahora toca escuchar y monitorear la aplicación de la reforma.

Expuso que la Comisión ha recibido otros casos en los que ve la resistencia del sistema judicial a reformarse y “hemos tenido información sobre la inconstitucionalidad de leyes que promovían por ejemplo evitar privilegios indebidos”.

Pero advirtió que México no es el único país en el que se ven tensiones entre un objetivo legítimo que es la democratización del sistema judicial y “un objetivo absolutamente indispensable que es la independencia judicial”.

El sistema interamericano-dijo- no define un sistema específico de designación de magistrados y jueces, pero sí marca principios básicos que deben respetarse.

“La meritocracia, evitar injerencias indebidas de otros poderes. Es incompatible con el sistema interamericano las remociones colectivas. Para el sistema interamericano es necesario que la reformas se lleven a adelante luego de un debate profundo que garantice la participación ciudadana, es crucial que exista acceso a la justicia cuando existe afectación de derechos”.

Además, derivado de otros casos, dijo la relatora, la OEA ya tiene lecciones aprendidas, a riesgo de mayor deslegitimidad del sistema judicial frente a sistemas de elección de jueces por elección popular,

Hay riesgos de mayor pérdida de confianza en el Poder Judicial, de poca participación ciudadana y existe el riesgo, planteó, de que “el sistema de elección popular quede por paralizado por tensiones políticas partidarias”.

El comisionado de la CIDH Carlos Pulido expresó así la situación: este es un casi de “abuso del constitucionalismo, el constitucionalismo abusivo. Cuando un gobierno intenta desmontar los contrapesos, los controles al Ejecutivo” y por eso vio: “el caso de México es de libro”.

“Un gobierno que arrasa en las urnas para la Presidencia de la República, que arrasa en las urnas en todos los cargos de elección popular ¿No es un poco sospechoso que también quiera que sean de elección popular los jueces?, se preguntó.