Los amparos pendientes
En entrevista, Julia María del Carmen García González, directora nacional de la Jufed y magistrada en retiro, informó que en el territorio nacional aún hay amparos activos en contra de las diversas aristas de la reforma judicial.
Destacó que los casos no están cerrados, como ordenó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, el 2 de diciembre de 2025.
En esa fecha el ministro Aguilar Ortiz interpretó que todos los amparos subsistentes hasta entonces e interpuestos en contra de la reforma judicial eran de materia electoral, por lo que ordenó revocar las suspensiones de amparo concedidas, algunas desde 2024 e incluso en un plazo de 24 horas.
El sustento de la decisión fue la sentencia emitida por la “vieja” SCJN, al intentar resolver la crisis constitucional derivada de la reforma judicial, pues esta tenía cientos de amparos y suspensiones que no permitían la organización de la elección. En este contexto, Aguilar recordó que en materia electoral no proceden los amparos.
En febrero de 2025 la Corte ordenó a los juzgadores no excederse en sus atribuciones y revocar todas las suspensiones emitidas con relación a la materia electoral de la reforma judicial.
En la misma sentencia, la Corte, sin embargo, determinó que había elementos impugnados que no eran electorales y en ellos los jueces sí debían resolver de fondo los amparos.
Pero, al asumir la “nueva” Corte, el ministro presidente ordenó el cierre de todas las suspensiones de amparo concedidas en contra de la reforma judicial por considerar que todas tenían que ver con lo electoral.
La magistrada en retiro Julia García explicó que no todos los amparos estaban relacionados con lo electoral y por tanto estos aún subsisten, pero no se han resuelto.
“Para ir a la Interamericana tenemos que agotar las vías nacionales y aquí tenemos amparos concedidos. Todavía no están firmes porque hay un recurso que tiene que ser resuelto. Hay amparos interpuestos en contra de ser removidos con todo lo que implica: las disminuciones salariales para la remoción de los cargos, el finiquito”, comentó.
De acuerdo con la directora nacional de la Jufed, la reforma judicial se reclamó en todas sus aristas, por lo que hay amparos concedidos, sin embargo aún hay recursos que no se han resuelto.
La juzgadora explicó que si la CIDH ya requirió los informes al Estado mexicano es porque ya analiza que efectivamente pudieron presentarse todas las violaciones señaladas. Confió en que la Corte Interamericana resuelva las vulneraciones de los derechos para que haya un Poder Judicial libre de control político, que sí sea profesional y que garantice el acceso a la justicia.
Reforma judicial
La reforma judicial fue promulgada el 15 de septiembre de 2024. El cambio principal fue la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular.
El primer proceso electoral para la renovación de cargos judiciales se realizó el 1 de junio de 2025. En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) redujo el número de ministros de 11 a nueve y eliminó su pensión vitalicia.
Además, se crearon dos órganos independientes de la Corte: el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de sancionar a los juzgadores, y el Órgano de Administración Judicial, responsable de la carrera judicial y la gestión del presupuesto.
También se formaron comités de evaluación para revisar los perfiles técnicos de los aspirante antes de presentarse a las urnas.
El 19 de marzo de 2026, la CIDH notificó formalmente al Gobierno de México sobre la solicitud presentada por 65 jueces y magistrados. El Estado mexicano tiene un plazo máximo de cuatro meses para responder a las denuncias.
