El pleno de la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó este viernes el inicio de un procedimiento de juicio político contra el gobernador Samuel García por presunta corrupción y triangulación de recursos públicos por casi 1,000 millones de pesos.
En el mismo acuerdo se determinó emplazar al mandatario local a rendir su declaración, de manera presencial, por escrito o por medio de un abogado, en 15 días hábiles, es decir a más tardar el 23 de junio.
La denuncia fue presentada el 8 de junio por la dirigencia de Morena en el estado con base en información periodística, según la cual las presuntas irregularidades fueron posibles mediante triangulación de recursos de empresas relacionadas con él y su familia.
En larga sesión de la Comisión, con seis votos de diputados de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Morena; la ausencia de dos morenistas y un verde, con sólo un voto en contra, emitido por Movimiento Ciudadano, se dio inicio al proceso.
De acuerdo a la Constitución del estado, un procedimiento de juicio político puede iniciarse por la Comisión Anticorrupción o la Sección Instructora del Congreso local.
El dictamen deberá ser sometido a la votación del pleno del Congreso y deberá ser aprobado por mayoría calificada, lo que se cumple con 28 votos en caso de que asistan todos los legisladores, en total 42.
La principal oposición en el estado, PRI, PAN y Morena completan esa votación pues los primeros tienen grupos parlamentarios de 10 diputados cada uno y los morenistas son nueve.
El Congreso no puede separar al gobernador de su cargo aunque se apruebe el dictamen pues la Constitución local establece que es un procedimiento que se realiza en dos instancias, el Congreso es el órgano instructor y acusador y el Tribunal Superior de Justicia del Estado resuelve en definitiva.
La resolución final del procedimiento podría conducir a la destitución y en su caso, la inhabilitación.
El acuerdo aprobado consideró que existen elementos suficientes como para dar inicio al procedimiento.
“Los elementos de prueba agregados a la denuncia permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado y por lo tanto amerita el inicio del procedimiento de juicio político”, se estableció.
Ahora se entrará a la fase de derecho de audiencia, por lo cual García Sepúlveda fue citado a comparecer personalmente o por escrito.
Este es el cuatro procedimiento de juicio político que se intenta instaurar al mandatario local, pues en 2022, 2023 y 2024 se han presentado solicitudes pero al final no habían prosperado.
