En la Constitución de Nuevo León se establece que es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de servidores públicos dañen los intereses públicos fundamentales.
De acuerdo a lo establecido en la denuncia, el mandatario no acató la Constitución respecto a la orden de publicación de decretos.
Iraís Reyes y Sandra Pámanes, diputadas de Movimiento Ciudadano, dijeron que el juicio político responde a la revancha del “PRIAN” en contra del actual mandatario. Pámanes propuso desechar la denuncia, sin embargo, legisladores opositores votaron en contra.
“Dicen que hicieron revisión exhaustiva sobre un expediente con una trascendencia mayor, quieren acelerar el desgaste de la relación entre los diputados del PRI y el PAN y el gobernador”, dijo Pámanes en la sesión de este martes.
“La solicitud de juicio político presentada por el PRI y PAN no tiene razón de ser. En la denuncia se señalan decretos que no habían sido publicados y no es apegado a la verdad. Base de la denuncia es completamente falsa”, añadió.
Tras la votación, la Comisión avaló por mayoría que se inicie el juicio político contra García.
“Se instruye a la Oficialía Mayor que se emplace al denunciado para que exponga lo que a su derecho convenga compareciendo o informando por escrito dentro del término de cinco días hábiles", dice el documento aprobado.
Hasta la noche de este martes 31 de enero, Samuel García no se había pronunciado de manera pública al respecto del juicio.
MC mostró su respaldo este mismo martes a García, con una publicación en redes sociales.
