El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, compareció este lunes ante la justicia estadounidense. Junto al gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha y otros ocho políticos del estado, fue acusado por Estados Unidos de tener supuestos vínculos con el narcotráfico.
De esa red, fue el primero en entregarse a las autoridades norteamericanas y el primero en comparecer ante la jueza Katherine Polk Failla, quien juzgará el caso.
Aunque Mérida Sánchez niega las acusaciones en su contra, la jueza consideró que la evidencia en su contra reunida por la fiscalía puede ser abundante y agendó una próxima audiencia para el 4 de agosto.
La carrera del exsecretario dio un vuelco. De ser cuatro veces comandante de zonas militares en Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca y Puebla; jefe de Inteligencia del Estado Mayor Presidencial, y director de la Escuela Militar de Inteligencia, se convirtió en uno de los principales objetivos del gobierno de Donald Trump en su lucha contra los políticos mexicanos que, asegura, colaboran con el narco.
Mérida Sánchez se formó en el Ejército. Cursó la licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra y la maestría en Seguridad y Defensa Nacional en el Colegio de Defensa Nacional.
De acuerdo con información del gobierno de Sinaloa, también estudió un doctorado en Derecho y previamente fue agregado militar y aéreo en la Embajada de México en Chile.
A la Secretaría de Seguridad de Sinaloa llegó en 2023, durante la administración de Rubén Rocha. En ese cargo le tocó enfrentar una ola violencia recrudecida por los enfrentamientos entre dos facciones del Cártel de Sinaloa.
Esta guerra inició el 9 de septiembre de 2024, luego de la captura en julio de ese año de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los fundadores de la organización criminal, quien fue engañado y secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo" Guzmán, para entregarlo a las autoridades estadounidenses.
Los dos fueron detenidos al aterrizar en un aeropuerto privado en El Paso, Texas. Meses después arrancó la guerra entre “Los Mayitos” y “Los Chapitos”.
Mérida Sánchez renunció al cargo tres meses después de que comenzaran los enfrentamientos. Fue el segundo secretario de Seguridad en renunciar durante el gobierno del morenista Rubén Rocha.
Anunció su salida en diciembre de 2024, días después de que un comando armado atacara de manera directa al agente Halexy Guadalupe Velderrai, un policía de investigación del equipo cercano de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad federal.
El ataque ocurrió en Culiacán, Sinaloa, y otros cuatro elementos de seguridad resultaron heridos.
Aunque solo estuvo 15 meses en el cargo, Estados Unidos acusa a Mérida Sánchez de colaborar durante ese tiempo con “Los Chapitos”.
Según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el exsecretario de Seguridad proporcionaba información a este grupo sobre los operativos de las autoridades contra los narcolaboratorios para que pudieran evadirse a tiempo.
La acusación señala que, a cambio, Mérida Sánchez recibía sobornos por unos 100,000 dólares mensuales y, además, “Los Chapitos” ayudaban contra los opositores políticos.
Estados Unidos difundió la investigación en contra de los 10 funcionarios y ex servidores públicos de Sinaloa a finales de abril. Lo hizo después de que México iniciara una indagatoria por la participación indebida de dos agentes de la CIA en un operativo antidrogas en Chihuahua.
De los 10 señalados, solo dos se han entregado a las autoridades estadounidenses: Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
El exsecretario de Seguridad lo hizo el 11 de mayo en Arizona. Fue puesto a disposición de un juez para ser trasladado a Nueva York, donde compareció ante una corte federal tras ser acusado de “conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos”. En su audiencia inicial, Mérida Sánchez se declaró no culpable.
El gobierno norteamericano pidió a México detener con fines de extradición al resto de acusados, pero las autoridades nacionales piden a Estados Unidos que comparta las pruebas en su contra.
La semana pasada, la Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer al resto de involucrados, como un primer paso para abrir una indagatoria. Pero todos fueron entrevistados en calidad de testigos y no han sido detenidos.
