A un mes de que Estados Unidos hiciera acusaciones formales en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, otros nueve políticos y funcionarios de esa entidad, solo dos se han entre entregado a las autoridades estadounidenses y siete más siguen ser detenidos y sin ficha de la Interpol.
El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que los funcionarios mexicanos eran buscados por narcotráfico, al relacionarlos con la fracción de "Los Chapitos" que comandan los hijos de Joaquín "el Chapo" Guzmán, y por delitos relacionados con armas, señalamiento que ha generado alta presión para el gobierno federal y al interior de Morena.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Gobierno de Estados Unidos pruebas de las acusaciones para que se procediera a la detención con fines de extradición de los políticos señalados o, de lo contrario, dijo, sería "claro" que la intención detrás de las acusaciones era política.
Dos de los 10 acusados ya se entregaron ante las autoridades de Estados Unidos: el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa Gerardo Mérida Sánchez y el exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega.
En el caso de Mérida, ocurrió el 11 de mayo en Arizona. Fue puesto a disposición de un juez para ser trasladado a Nueva York, donde compareció ante una corte federal tras ser acusado de “conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos”. En su audiencia inicial, Mérida se declaró no culpable.
Exfuncionario desmiente entrega a EU
Luego de que se reportó que estaba bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos, Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, reapareció para asegurar que sigue en el estado y reiteró que es inocente.
