Compromiso
Investigadores determinaron que el Ejército mexicano espiaba a Ramos desde 2020 a través del sofware especializado Pegasus. Ese mismo año, circuló en cuentas anónimas en redes sociales una supuesta conversación entre un comandante del CDN y Ramos, que aseguró que el objetivo era desacreditarlo.
Fuentes consultadas por la AFP coinciden en que es difícil verificar si las acusaciones contra Ramos son ciertas, pero subrayan que las sanciones estadounidenses contra un activista mexicano sientan un precedente peligroso.
"Es realmente preocupante, no tiene que ver con la justicia. Es justicia selectiva", advierte Guadalupe Correa Cabrera, académica experta en violencia de carteles.
Más de 13.000 personas han desaparecido en Tamaulipas, según organizaciones mexicanas. Los registros oficiales en el estado muestran que los enfrentamientos armados del Ejército —y los homicidios de civiles— son los más altos de México.
Ramos ha acompañado a víctimas de estos abusos. Las pone en contacto con periodistas y organizaciones de derechos humanos.
"Hay mucho que decir sobre el compromiso que tiene con la causa", dice Madeleine Penman, exinvestigadora de Amnistía Internacional y la ONU. "Ves a las personas con las que trabaja, víctimas de graves violaciones de derechos humanos, que realmente no cuentan con ningún apoyo, y el arduo trabajo que él realiza".
Demostrablemente falso
"No es la primera vez que a Raymundo se le imputan vínculos con cárteles de la droga", afirma Penman, al recordar acusaciones similares en el propio México.
Las sanciones se anunciaron además el mismo día en que se estrenó en Apple TV y Amazon un documental sobre desapariciones cometidas por infantes de Marina en el que Ramos es entrevistado.
El director del filme, Andrew Glazer, desestimó las acusaciones de que paga a actores para fabricar denuncias contra el Ejército. "Es demostrablemente falso". señala. "El Ejército reconoció y se disculpó por estas desapariciones forzadas".