El nuevo plan federal de remediación fue publicado a casi dos meses de que se encendieran las alertas internacionales por la contaminación tóxica en México, luego de que en marzo, el relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos A. Orellana, advirtió que vivir en zonas contaminadas en el país “es perder el derecho a morir de viejo”, tras recorrer cerca de 20 estados y documentar casos de cáncer, abortos espontáneos, autismo y enfermedades crónicas asociados a la exposición ambiental.
El representante de Naciones Unidas concluyó entonces que México enfrenta una crisis ambiental “estructural y normalizada”, derivada de un modelo de desarrollo industrial que ha generado impactos sistemáticos sobre derechos básicos como la salud, el acceso al agua y el derecho a un medio ambiente sano. En ese contexto, llamó a fortalecer el marco regulatorio ambiental y aplicar políticas públicas de corto, mediano y largo plazo para atender los llamados “infiernos ambientales”.
Las observaciones de la ONU coinciden con varios de los focos rojos identificados ahora por el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026-2030, particularmente en las cuencas de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, consideradas entre las más contaminadas del país.
El relator alertó que en regiones como Tula-Tepeji persiste una exposición constante a emisiones industriales, metales pesados y contaminación hídrica derivada de refinerías, cementeras, termoeléctricas y basureros a cielo abierto.
La ONU también señaló preocupación por el Río Sonora, donde continúan los efectos del derrame de lixiviados de cobre ocurrido en 2014, así como por el crecimiento de granjas porcícolas en Yucatán y el uso de plaguicidas altamente peligrosos que afectan acuíferos, polinizadores y comunidades rurales.
En su diagnóstico, el organismo internacional advirtió además que existe una brecha entre el marco legal ambiental mexicano y su aplicación efectiva, debido a normas desactualizadas, falta de coordinación institucional y debilidad en el cumplimiento de la ley, problemáticas que precisamente el nuevo programa federal busca atender mediante la actualización de normas ambientales, el fortalecimiento del inventario nacional de sitios contaminados y nuevos mecanismos de remediación y supervisión.
