FIDH: "Decisión histórica"
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), organización que impulsó este procedimiento, también acogió con satisfacción la decisión del CED, en la cual el Comité consideró que hay indicios fundados que en México se está cometiendo crímenes de lesa humanidad de desaparición forzada.
En un posicionamiento público, expresó que aplaudía esta decisión del Comité y espera que el rechazo inicial del gobierno mexicano evolucione hacia un diálogo con los colectivos de víctimas y la sociedad civil para identificar qué más se puede hacer para sancionar los más altos responsables de estas desapariciones.
La FID subrayó además que basándose en información recopilada en México, en particular en Coahuila, Nayarit y Veracruz, durante más de una década de documentación en colaboración con sus organizaciones miembros, Idheas y CMDPDH, y colectivos de víctimas, se argumentó que grupos de crimen organizado practican desapariciones forzadas de forma generalizada y sistemática en el país, frecuentemente con la autorización, apoyo o aquiescencia de funcionarios públicos locales, a menudo en contextos de corrupción.
Por ello apuntó, el procedimiento del artículo 34 es necesario para lograr un cambio en la forma en que son investigadas las desapariciones orzadas y para facilitar el diálogo internacional sobre el impacto humano de la violencia del crimen organizado.
"En la práctica, las desapariciones forzadas son investigadas de forma aislada caso por caso, mediante una metodología que no les permite a las autoridades identificar patrones más amplios, conexiones entre casos y las cadenas de mando detrás de estos crímenes", apuntó la FID.
El organismo internacional insistió así que existe la necesidad de un cambio de paradigma en la estrategia de investigación y que reconocer la sistematicidad requiere usar nuevos instrumentos para investigar las desapariciones, como el derecho penal internacional.
"En lugar de tratar cada desaparición como un incidente aislado, la justicia debe agrupar y analizar la información de casos similares, abordar de manera conjunta las desapariciones que presentan patrones comunes y realizar un análisis de la cadena de mando para investigar y juzgar las redes y estructuras, y no únicamente a los autores materiales", apuntó el organismo.
"Parte de este cambio de paradigma requiere investigar también los métodos de corrupción y captura del poder público que los grupos de crimen organizado usan en diferentes contextos para cometer estos delitos con impunidad", agregó.
La solicitud presentada por el CED fue presentada a unos días de que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que desde octubre de 2024, cuando inició su gobierno, se han encontrado a 31,000 personas que habían sido reportadas como desaparecidas, por los que algunas ya fueron o están por ser retiradas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.
Se informó además que de acuerdo con el Registro , entre 1952 y 2026 han sido reportadas como desaparecidas 394,645 personas, de las que 262,111 (66%) han sido localizados y 132,534 (34%) se mantienen como ausentes.
Los datos reflejan así que la crisis de desapariciones en México se acentuó en los primeros meses de gobierno de la presidenta Sheinbaum con 91 personas reportadas como ausentes por día, la cifra más alta desde 2006 , año en el que inició la guerra contra el narcotráfico.
