La crisis de desapariciones en México se acentuó en los primeros meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con 91 personas reportadas como ausentes por día, la cifra más alta desde 2006, año en el que inició la guerra contra el narcotráfico.
Entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de marzo de 2026 en el país fueron reportadas como desaparecidas 50,026 personas, en promedio de 91 por día, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.
El número de desapariciones de los primeros 17 meses del gobierno de la presidenta Sheinbaum es mayor que las registradas en todo el gobierno del Felipe Calderón, con quien se registraron 40,354.
El promedio diario en desapariciones en el actual gobierno, también es el más alto de los últimos cuatro sexenios. Con Calderón fueron 18 desapariciones por día, con Peña Nieto 45 y con López Obrador 75.
El número total de las desapariciones de cada gobierno permite visualizar cómo se mueve el fenómeno de las desapariciones: algunas personas son localizadas con vida, otras no, y algunas más se mantienen sin que se conozca su paradero.
En el caso del gobierno actual, de las 50,026 personas que han sido reportadas como desaparecidas, 32,307 fueron localizadas y de 17,719 no se tienen datos sobre su paradero.
Expertos ven en la reclasificación del homicidio doloso la razón del incremento en las desapariciones del actual gobierno.
El especialista en seguridad, Alberto Guerrero, explica que en parte es porque las fiscalías estatales no son auditadas en cómo clasifican un delito y en las carpetas de investigación no están haciendo un cruce con registro civil, con INEGI, para saber si realmente son personas que están desaparecidas o tienen que clasificarse como homicidio.
“No hay una auditoría severa a las fiscalías estatales en torno al tema de cómo se registran los delitos, porque en algún momento las desapariciones están pasando a formar parte de ‘otros delitos contra la vida’”, indica en entrevista.
Desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el rubro "Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal" ha ido en incremento. En 2018, al arranque del gobierno del morenista ese delito reportó 7,231 víctimas, pero al cierre del sexenio, 2024, hubo un crecimiento de 91% al registrarse 13,825 víctimas. Especialistas han advertido que en ese delito pueden estarse reclasificando homicidios o incluso desapariciones.
La organización Causa en Común también alertó sobre una posible reclasificación de homicidios dolosos en desapariciones e incluso en 11 entidades en 2025 el número de desaparecidos fue mayor al de muertos con violencia. Entre ellos están Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Zacatecas.
Además, identificó que hay ocho entidades que registraron descensos en los homicidios dolosos pero incrementos notables en el número de personas, entre ellas Baja California, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán.
El problema de las desapariciones en México repuntó en 2006, a partir de que se declaró la llamada guerra contra el narcotráfico por el entonces presidente Felipe Calderón.
De las 132, 534 personas que continúan no localizadas y desaparecidas, 2,356 (1.7%) ocurrieron entre 1952 y 2005.
Sexenio con sexenio, el número de desapariciones va en aumento, por lo que es necesario poner énfasis en que no haya una reclasificación de delitos, para lo cual, Alberto Guerrero considera necesario que se revise la forma en cómo las fiscalías realizan la clasificación de homicidios y desapariciones.
“El tema de seguir verificando día con día es lo que sucede en las fiscalías estatales, que a la Comisión Nacional de Búsqueda se le doten de las herramientas económicas, tecnológicas, jurídicas y por el otro lado con una autonomía para poder empezar a verificar esas cifras, auditarlas”, plantea.
Uno de los retos que enfrenta el Estado mexicano es la identificación de cuerpos. En el país se estima que existen alrededor de 70,000 sin identificar, varios de los que pueden haber sido de una persona reportada como desaparecida.
“La sobrecarga de los SEMEFOS y el déficit crítico de peritos forenses y antropólogos especializados en identificación humana conduce al incremento de cuerpos que permanecen en el anonimato. A este respecto, constan alrededor de 72,100 personas localizadas sin vida y cuya identificación sigue sin ser resuelta por las instituciones”, dice el reporte Crisis Forense en México: desaparición de personas, elaborado por la organización Idheas.
Familiares de los desaparecidos saben que no es un problema reciente ni de un solo gobierno, pero piden no negar una realidad que lastima a miles de madres, hermanas, hijos y padres.
“Una cosa es que no sea originado en tu periodo y otra cosa muy diferente es que no estés haciendo nada o que no estés haciendo lo suficiente o que los cárteles sean tan fuertes y poderosos que no puedas con ellos. O sea, eso es una realidad, lo que me parece incorrecto es esta intención de hacer creer que nada pasa”, refiere Grace Fernández, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos.
Retomando un pendiente de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum presentó un informe sobre la situación de personas desaparecidas en México, en el que se detalló que entre 1952 y 2026 un total de 394,645 fueron reportadas como desaparecidas, de la que 132,534 aún están ausentes.
De quienes están desaparecidos, el gobierno federal hizo una clasificación: de quienes no hay datos suficientes para su búsqueda, otros que han tenido actividad después de su reporte y registros con datos completos, pero que hasta el momento no se han encontrado coincidencias ni actividad.
La segunda clasificación disgustó a integrantes de colectivos de búsqueda, porque de 40,308 personas se aseguró que hay registros de que tuvieron algún tipo de actividad posterior a su reporte de desaparecido.
“Cuentan con datos suficientes para la búsqueda y de los cuales, después de una revisión en diversos registros administrativos, se han podido corroborar actividades posteriores a la fecha de su desaparición, entre ellos: matrimonios, altas en el SAT y cambios de domicilio en el INE”, informó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Grace Fernández lamenta que el gobierno no haya consultado a los familiares de las víctimas esta depuración y critica que cada gobierno que ha pasado ha buscado de una u otra manera negar las desapariciones.
“Más allá de ocultarlo es negarlo. Al ocultamiento nosotras ya estamos acostumbradas, todos los gobiernos lo han hecho. Más que una falta de respeto al trabajo, al sufrimiento, a los sacrificios que hacen las familias buscadoras, es negar que hay una problemática”, afirma Fernández que busca a su hermano Dan Jeremeel desaparecido en 2008 en el estado de Coahuila.
Colectivos y organizaciones cuestionaron que se “depurara” el padrón de desaparecidos y manifestaron su preocupación por los números que presenta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
“Llama la atención que se pretenda 'descontar' a las personas que no cuentan con registros administrativos suficientes, y que además se reconozca que no se les puede buscar por no contar con esa información; es decir, como no se les puede buscar, no están desaparecidos”, planteó Causa en Común.
🚨POSICIONAMIENTO:
— Causa en Común (@causaencomun) March 27, 2026
La “depuración” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) exhibe una vez más la precariedad de la información y la debilidad de las instituciones responsables de generarla.
Se trata de un registro inaccesible, sin reglas claras y… pic.twitter.com/XvYJXpGVrj
Alberto Guerrero califica como “una falta de respeto” que se niegue la desaparición de miles personas.
“El padrón fue una falta de respeto hacia las personas buscadoras, tomando en cuenta que se está negando la existencia de miles de desaparecidos”, refiere.
Es una minimización y una invisibilización y una falta de respeto este padrón presentado”
