Otro de los puntos críticos es el uso de plaguicidas y es que aunque México ha avanzado en la prohibición de algunas sustancias, el país aún carece de una ley general que regule los plaguicidas altamente peligrosos.
"El uso indiscriminado de plaguicidas como el fipronil, los neonicotinoides y el paraquat no ha logrado reducir la pérdida de cosechas en los últimos años, y causan, además de matar plagas, la de los insectos polinizadores", de acuerdo con el relator de la ONU.
Destacó así que los insectos polinizadores son indispensables para garantizar el avance de la humanidad hacia sistemas alimenticios sostenibles en los que se entrelazan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la seguridad alimentaria y la salud de las personas y que incluso los plaguicidas considerados “benignos” demuestran a lo largo del tiempo un riesgo para la salud y el ambiente sano.
En 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que autoridades agrícolas, ambientales y sanitarias incumplieron sus obligaciones al no prohibir plaguicidas altamente peligrosos ni prevenir sus efectos en la salud, el agua y el ambiente.
Aunque se han tomado algunas medidas a partir de eso, persiste la preocupación porque la CNDH dio por cumplida esa recomendación sin que exista aún un plan sectorial con metas claras, y con varios de estos plaguicidas todavía en uso.
Orellana expresó su particular preocupación porque en regiones como la Península de Yucatán, esto ya tiene consecuencias tangibles: contaminación del agua, muerte masiva de abejas y riesgos crecientes para la salud de las comunidades, en donde incluso las comunidades tienen que recurrir a la compra de agua embotellada, porque los pozos ya están contaminados, sin embargo dijo, también existen estudios científicos que demuestran que incluso el agua embotellada contiene glifosato y otros plaguicidas.
Además, la falta de monitoreo sanitario agrava el problema: muchas enfermedades asociadas a estas sustancias ni siquiera están registradas oficialmente.
Leyes avanzadas, resultados limitados
En su informe, el relator de la ONU no ignoró los avances que ha tenido el país en donde ya se cuenta con un marco legal amplio y ha tenido un papel activo en acuerdos internacionales sobre sustancias químicas.
Sin embargo, la ONU identificó una brecha clara entre el papel y la realidad, como normas desactualizadas, falta de coordinación institucional y debilidades en la aplicación de la ley impiden que ese andamiaje jurídico se traduzca en protección efectiva para la población.
También alertó sobre el acceso a la información, pues dijo, limitar datos ambientales bajo argumentos de seguridad nacional podría agravar la opacidad en temas críticos.
Los más afectados: los de siempre, los más vulnerables
La contaminación no impacta a todos por igual. En su informe, el relator fue enfático: los daños se concentran en poblaciones vulnerables.
Pueblos indígenas, comunidades rurales, personas en pobreza, niñas y niños son quienes enfrentan los mayores riesgos, muchas veces sin acceso a información, atención médica o mecanismos de justicia.
Se trata de un problema de desigualdad ambiental.
Más que una lista de problemas, el informe plantea una advertencia de fondo: México enfrenta una crisis ambiental que está íntimamente ligada a su modelo de desarrollo.
El relator incluso alertó que el país, a nivel internacional, se ha vuelto un receptor de altos volúmenes de residuos plásticos y otros desechos.
"Muchas de las miles de toneladas de desechos plásticos terminan siendo incineradas como combustible o quemados en basurales ilegales, lo que da cuenta de una economía lineal y de una injusticia ambiental para las comunidades que sufren las emisiones tóxicas", dijo.
Apuntó además que aunque el país ha mostrado liderazgo internacional en la materia, existe una “distancia preocupante” entre ese papel global y la situación interna, por lo que la recomendación es clara: fortalecer la regulación, garantizar el cumplimiento de la ley y avanzar hacia un modelo que reduzca la carga tóxica desde su origen.
Al cierre de su visita, el relator recogió una idea que sintetiza el problema. Para muchas comunidades, la paz no significa ausencia de violencia, sino algo más básico: poder respirar aire limpio, beber agua segura y vivir sin enfermar por el entorno.
Hoy, esa condición, según la ONU, sigue lejos de ser una realidad en buena parte del país.
