Los panelistas coincidieron en que las contingencias ambientales no pueden abordarse únicamente con restricciones temporales a la circulación vehicular, como sucede actualmente, pues coincidieron en que se requiere una política de Estado con horizonte de largo plazo, indicadores verificables, financiamiento asignado y coordinación metropolitana efectiva.
Señalaron que enfrentar las contingencias en la capital y en otras ciudades del país depende menos de medidas emergentes y más de dos factores centrales: información científica confiable que sustente decisiones técnicas.
Señalaron también la importancia de la voluntad política para implementar transformaciones estructurales en movilidad, planeación urbana, energía e industria. Sin estos elementos, advirtieron, las contingencias seguirán repitiéndose como una constante del calendario ambiental mexicano.
En la Ciudad de México y su zona metropolitana, las contingencias ambientales atmosféricas se registran cada año durante la denominada temporada de ozono, que va principalmente de febrero a junio, aunque también pueden ocurrir eventos por partículas finas (PM 2.5 y PM 10) en meses fríos o secos.
En años recientes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha activado contingencias por altos niveles de ozono; por ejemplo, en 2025 se declararon al menos cinco contingencias por ozono antes de finales de abril, cifra por encima del promedio histórico para ese periodo del año.
Estos episodios afectan principalmente a grupos vulnerables, como niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares, debido a que el ozono y las partículas finas irritan las vías respiratorias y agravan condiciones de salud preexistentes.
Para el investigador Félix Mata, el impacto de las contingencias ambientales no es homogéneo y es que al integrar datos ambientales con información socioeconómica se observa un patrón de desigualdad ambiental: las poblaciones con menores ingresos —que en general generan menos emisiones al tener menor acceso al automóvil y menor consumo energético— son las que enfrentan mayor exposición a contaminantes.
Estas comunidades suelen habitar zonas con menor infraestructura verde, mayor cercanía a fuentes emisoras o menor capacidad de mitigación, lo que convierte a las contingencias no solo en un problema ambiental y sanitario, sino también en un fenómeno de inequidad estructural.