Esta concentración del poder económico y político, explicó, no solo define patrones de consumo, sino también influye en la regulación –o falta de ella– en países como México.
A ello se suman, dijo, “poderes no declarados” que inciden en la transformación del territorio, muchas veces asociados a la violencia y las economías ilegales.
El resultado es una crisis que no solo es ambiental, sino también social: el deterioro de los ecosistemas, la pérdida de la seguridad en las comunidades y la profundización de las desigualdades.
Políticas públicas desconectadas del territorio
Aunque la investigadora reconoce avances en la incorporación de la ciencia en la toma de las decisiones en el país, al menos en los últimos años, Balvanera criticó el diseño de las políticas públicas, pues advirtió que “siguen sin escuchar a los territorios”.
Desde su experiencia, muchos programas sociales se implementan sin considerar los conocimientos locales ni las necesidades reales de las comunidades rurales y las periurbanas. Esto, explicó, limita su efectividad y, en algunos casos, reproduce las problemáticas que buscan resolver.
Frente a ello, propone un enfoque más integral que articule ciencia, saberes comunitarios y participación social.
Para la investigadora, el fondo de la crisis ambiental que atraviesa el país también es cultural. “La naturaleza no es una fábrica al servicio del mercado”, sostuvo.
En su visión, es necesario reconstruir una relación basada en la interdependencia y el cuidado.
Este cambio implica reconocer que la vida humana depende de sistemas naturales complejos, pero también de redes sociales que sostengan la producción de alimentos, el cuidado y la reproducción de la vida cotidiana.
“No es responsabilidad solo del gobierno o de la ciencia; es de todos”, afirmó.
Balvanera planteó que para enfrentar la crisis ambiental se requiere ir más allá de las soluciones técnicas, pues, dijo, es necesario cuestionar las estructuras que la producen: el modelo económico, la concentración del poder y la exclusión de amplios sectores de la población en la toma de decisiones.
También implica, agregó, fortalecer las políticas públicas que, no solo atiendan a los sectores más vulnerables, sino que regulen efectivamente a los actores que generan mayores impactos.
En ese sentido, su llamado es claro: sin justicia social y sin replantear la relación entre la naturaleza y el mercado, cualquier estrategia ambiental será insuficiente.
“La naturaleza nos sostiene todos los días. (...) El reto es dejar de verla como un recurso y empezar a entenderla como la base de nuestra vida colectiva”, agregó.
