Aunque aún falta una semana para la fecha anunciada por la presidenta para la presentación de la iniciativa que desencadenaría la ruta de la reforma, Monreal señaló que "los tiempos se están ajustando".
Los pasos establecidos contemplan que, si la propuesta se remite el 15 de enero o antes, en las siguientes dos semanas se deberá iniciar y concluir la "redacción técnica-jurídica de la iniciativa constitucional". Sin embargo, recordó que también serán necesarias reformas legales, ya que no solo se modificaría la Constitución, sino también la Ley Electoral, la Ley de Medios de Impugnación y otras leyes relacionadas.
En su esquema, la aprobación de la reforma constitucional se tendría que dar a mediados de marzo, "para poder contar con tiempo suficiente para las reformas secundarias y enviarlas a los estados". Subrayó que, dado que se trata de una reforma constitucional, será necesaria la aprobación del constituyente permanente, es decir, de la mayoría absoluta de los Congresos locales, quienes deberán regresar las reformas para realizar el cómputo de constitucionalidad y comenzar con los cambios a nivel secundario, específicamente en la Ley Electoral.
En cuanto a su plan de trabajo, no se prevén foros ni parlamento abierto, aunque destacó que, en caso de ser necesario, aún habría tiempo para realizarlos entre el primero de febrero, cuando inicia el periodo ordinario, y abril, cuando concluye. De no realizarse un periodo extraordinario durante el receso legislativo (de mayo a agosto de 2026), la reforma constitucional y las leyes secundarias tendrían que ser aprobadas antes del cierre del periodo ordinario en abril.
"Después de la presentación, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores iniciarán el análisis el primero de febrero. No creo que haya un periodo extraordinario para la Reforma Electoral", agregó.
Una vez aprobadas las reformas, se iniciaría un proceso de "alineación presupuestaria" para adaptar los presupuestos a las nuevas instituciones o disposiciones que contemple la reforma constitucional. Esto incluiría posibles ajustes a los presupuestos, la reducción de plurinominales, y un análisis de impacto económico de la reforma.
Monreal también recordó que entre marzo y abril de 2026 se deberá llevar a cabo el nombramiento de tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) o lo que determine la nueva ley.
Después, se procederá con la implementación de los cambios, que incluirá la aprobación de los reglamentos del INE, entre junio y julio de 2026, con miras al inicio del proceso electoral, previsto para el 1 de septiembre, conforme a la Constitución vigente.
Señaló que todo esto deberá considerar la posible reforma para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato de forma simultánea con las elecciones de 2027, así como la elección de la otra mitad de los integrantes del Poder Judicial de la Federación.
-Con información de Carina García