¿EU puede emitir sanciones contra los partidos políticos por nexos con el crimen organizado?
La detención del alcalde de Tequila revivió las alertas sobre la infiltración del crimen en gobiernos y la posibilidad de que Estados Unidos emita sanciones contra los partidos políticos a los que pertenezcan.
El crimen organizado ha expandido su relación con la autoridad y muestra de ello es el caso de Diego Rivera, alcalde de Tequila, Jalisco (chamarra roja).(Foto: Cuartoscuro.)
Lidia Arista
El vínculo entre autoridades y organizaciones criminales como el que llevó a la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, puso en la mira la infiltración del crimen en la vida política y gubernamental del país y con ello, el riesgo de que Estados Unidos pueda emitir sanciones contra un partido político o que pueda ser designado como terrorista, alertaron especialistas.
Aunque la relación entre autoridades e integrantes del crimen organizado ya ha causado alerta en el pasado, hoy hay un elemento especial: hace casi un año, Estados Unidos designó a seis organizaciones criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales especialmente designados (SDGT), lo que abre la puerta a sanciones a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
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En la designación se incluyó al Cártel de Sinaloa, al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), al Cártel del Noreste (CDN), a La Nueva Familia Michoacana (LNFM), al Cártel de Golfo (CDG) y a Cárteles Unidos (CU), acción que los colocó dentro del marco jurisdiccional de Estados Unidos.
Esto significa que independientemente de su ubicación territorial, las autoridades estadounidenses tienen la facultad de tomar todas las medidas para desmantelar su presencia y neutralizar su capacidad de representar una amenaza, explica la American Chamber México.
Para Michel Levien, director de Streiner, Buró Anticorrupción, casos de corrupción e infiltración de miembros de cárteles ya designados terroristas en gobiernos locales y partidos sí pueden llevar al gobierno de Estados Unidos a tomar acciones en su contra.
“Se corren tres riesgos principales. El primero es que designen a los propios partidos como organizaciones terroristas porque en algún momento se ve tan mezclado e indistinguible una cosa de la otra; la segunda que a miembros de partidos políticos y personas relacionadas con ellos les abran procesos penales en Estados Unidos y la tercera que ciertos gobiernos locales, estatales o el federal de México también sean vistos como terroristas”, explica el experto anticorrupción y antilavado.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el gobierno de Trump ha emprendido una batalla contra los cárteles y la droga. Para ello se ha valido de órdenes ejecutivas y ha endurecido las acciones contra los grupos criminales con declaratorias como la de organizaciones terroristas y la clasificación del fentanilo, como arma de destrucción masiva .
Andrés Sumano Rodríguez, profesor de El Colegio de la Frontera Norte, considera que no es tan sencillo que Estados Unidos catalogue como terroristas a los partidos porque implicaría un desencuentro mayor con su principal aliado comercial.
“Es muy complicado por la interdependencia económica y en muchos aspectos que hay entre Estados Unidos y México. Si bien México es chiquito comparado con Estados Unidos, sí es un aliado muy grande como para un pleito así”, destaca.
El alcalde de Tequila, Diego Rivera, fue detenido el pasado jueves por integrantes del gabinete de seguridad.(Foto: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.)
La narcopolítica salpica a todos los partidos
Diego Rivera no es el único gobernante con supuestos vínculos con el crimen. Según los expertos, en los últimos años se han documentado más de 20 casos de alcaldes y exalcaldes que han tenido alguna relación con cárteles como Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana.
La vinculación entre autoridad y crimen se da en tres niveles: cuando el candidato gana y el crimen lo obliga a colaborar; cuando llegan apoyados por la delincuencia y cuando antes de llegar al poder ya pertenecían a alguna organización criminal.
Esto ocurre a todos los niveles de gobierno y ningún partido ha quedado exento, como se puede apreciar en esta lista.
“La complicidad entre grupos criminales y políticos la hemos tenido desde mucho tiempo atrás, pero que miembros de la organización criminal, es decir, empleados de la organización criminal gobiernen, sean los alcaldes, gobernadores, eso sí es un fenómeno que va escalando y que tiene que ver con el nivel de dominio y poder que tiene el Cártel de Jalisco Nueva Generación u otros”, comenta Sumano Rodríguez.
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Ruslan Posadas, politólogo y catedrático de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, explica que aunque no es generalizado, en varias partes del país el crimen tiene en sus manos el poder político.
Lo que estamos viendo al día de hoy lastimosamente es que la administración del poder político está en manos del crimen organizado”.
Ruslan Posadas, politólogo.
El gobierno de Trump tiene en la mira a la llamada narcopolítica, pues sabe que la protección desde la autoridad ayuda al crimen. En una entrevista con Carlos Díaz-Rosillo, exsubsecretario Adjunto de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional de Estados Unidos, explicó que para combatir a los cárteles se requiere que la autoridad no tenga vínculos con ellos.
"Es imposible pensar que un gobierno va a pelear contra los carteles de la droga, contra el crimen organizado, si los políticos que toman las decisiones están financiados o no financiados por los mismos narcotraficantes, los mismos criminales. Entonces, para cambiar el sistema, para implementar políticas contra el crimen organizado, contra los cárteles, no puedes tener a los que toman decisiones en la cama con los criminales", dijo a Expansión Política .
Ante el riesgo de ser sancionado
La designación como terroristas abrió diferentes riesgos de ser sancionado si se comprueba que alguna empresa, entidad o persona colabora con cárteles. Las consecuencias pueden ser legales y financieras, civiles, penales, congelamiento de cuentas, así como restricciones al sistema financiero estadounidense
“Las personas que realizan ciertas transacciones con la FTO y la SDGT pueden estar expuestos a sanciones civiles o penales, incluso por proporcionar a sabiendas apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera, lo cual está prohibido por el Título 18 del Código de los Estados Unidos, artículo 2339B.
"Además, las instituciones financieras extranjeras que, a sabiendas, faciliten una transacción significativa o presten servicios financieros significativos a cualquiera de las organizaciones designadas podrían estar sujetas a sanciones por cuentas corresponsales o de transferencia de fondos en EE. UU., de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224”, detalla una alerta emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
La OFAC es la encargada de implementar el programa de sanciones económicas contra países, terroristas y narcotraficantes.
Si Estados Unidos tomara la decisión de sancionar a algún partido político por postular o mantener entre sus filas a políticos vinculados o miembros de cárteles terroristas, se generarían problemas para organizaciones políticas completas, así como para el acceso al poder.
“Si el gobierno de los Estados Unidos profundizara, como yo supongo que ya tiene muy armados los expedientes y los vínculos de quiénes tienen la política y sus alianzas con el crimen organizado, y se vinculara ya directamente, por ejemplo, a líderes partidistas o a funcionarios partidistas con el crimen sería devastador para el espectro partidario mexicano porque insisto ningún partido se puede salvar”, afirma Ruslan Posadas.
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Además México enfrentaría problemas porque aunque hay candidaturas independientes, la principal vía de acceso al poder son los partidos políticos, los cuales reciben financiamiento público, pero estarían limitados y señalados de ser colaboradores de terroristas.
“Si la vía de partidos para acceder al poder se viera sancionada o vulnerada por declaraciones que pudiera hacer la Casa Blanca, estaríamos en un grave aprieto y eso obviamente avivaría la percepción de que México es un estado gobernado por el crimen organizado”, agrega el politólogo.
Tras la detención de Diego Rivera, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha pronunciado a favor de que cualquier hombre o mujer que aspire a un cargo de elección popular, sea investigado por la Fiscalía General de la República y por fiscalías locales.
En la discusión de la próxima reforma electoral, los expertos consideran necesario que se incluyan candados para evitar que vínculos entre la política y el crimen, pues de mantenerse, Estados Unidos podría tomar otras medidas contra esa relación calificada como perversa.
Estados Unidos evidentemente tiene el interés, hay una presión importante porque el gobierno de México haga algo mucho más fuerte contra la narcopolítica en México”
José Andrés Sumano, profesor de El Colef.
No obstante, para el analista político, Marco Iván Vargas, los partidos políticos tienen complicado detectar si un aspirante a un cargo de elección popular tiene vínculos con el crimen organizado.
“Ni los partidos políticos ni la autoridad electoral tienen los alcances de información para poder determinar si una persona pertenece o no, tiene vínculos o no con el crimen organizado y esto básicamente por la lógica de la presunción de inocencia que se tiene en el derecho y en el Estado mexicano”, sostiene.
