Ya con Claudia Sheinbaum en la presidencia, su administración ha intentado acabar con las prácticas corruptas, detectadas hasta en la Secretaría de Marina, donde funcionarios de alto cargo operaban una red de contrabando de combustible en las aduanas.
Su gabinete de seguridad incluso detuvo a presidentes municipales y otros servidores públicos inmiscuidos en esquemas de extorsión y vinculados con grupos criminales.
A pesar de esa estrategia, el IPC 2025 muestra que todavía falta mucho por hacer para que México sea un país transparente y libre de corrupción.
“Para mejorar la vida de las personas y fortalecer la resiliencia ante el crimen organizado, los gobiernos deben priorizar la lucha contra la corrupción. Esto implica proteger las libertades fundamentales, hacer cumplir la ley mediante un Poder Judicial fuerte e independiente, fortalecer la cooperación internacional en casos de corrupción y hacer más transparente la contratación pública”, dijo Luciana Torchiaro, asesora Regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional.