Por ello, ha prometido catalogarlos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO por sus siglas en inglés) en su primer año de gobierno. En el interior de Estados Unidos, ello implicaría que se podrían imponer penas de prisión más largas (incluso cadenas perpetuas) a quienes les proporcionen deliberadamente apoyo material o recursos.
Asimismo, las instituciones financieras estadounidenses que posean o controlen recursos económicos de una FTO deberían retenerlos y notificar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
Por otro lado, la designación implicaría que el Departamento de Justicia de Estados Unidos podría ordenar, con el auxilio de fuerzas civiles y militares, la búsqueda extraterritorial de integrantes de una FTO.
Es muy poco probable que el gobierno estadounidense ordene una intervención directa en México. Sin embargo, la designación de organizaciones como el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Noreste y el cártel del Golfo, entre otros, como FTOs facilitaría operativos encubiertos de fuerzas especiales para capturar y/o “eliminar” a sus liderazgos.
Sería posible, también, llevar a cabo ataques focalizados a distancia mediante drones contra plantíos o centros de producción y distribución de droga en territorio mexicano.
La presidenta Sheinbaum ha descartado que los cárteles mexicanos sean terroristas o lleven a cabo actos de terrorismo y ha reiterado que buscará proteger la soberanía de México en su combate. Por ello, la designación como FTOs tensaría las relaciones diplomáticas y podría llegar a detener los esquemas de colaboración y cooperación entre agencias de seguridad de México y Estados Unidos, reduciendo la capacidad del Estado mexicano de combatir efectivamente a esas organizaciones criminales.
Además, los operativos unilaterales para capturar o eliminar a líderes criminales de alto perfil tendrían un efecto contraproducente, ocasionando fracturas internas en los grupos delictivos, lo que se traduciría en un aumento de los enfrentamientos violentos para hacerse del control hegemónico de territorios y mercados ilícitos (como demuestra la ola de violencia homicida que ha experimentado Sinaloa desde la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024).
Se trataría, por otro lado, de una estrategia poco efectiva de combate a la producción de fentanilo, pues éste no depende de la cosecha de cultivos y las organizaciones criminales podrían reemplazar con relativa facilidad un laboratorio bombardeado e instalarlo en otro territorio.
Cabe señalar que, si bien la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas cuenta con un amplio respaldo en el Partido Republicano, todavía no hay certeza de que ello ocurrirá, dados los impactos que podría tener en el interior de Estados Unidos.
Por un lado, podría aumentar el número de solicitudes de asilo por parte de poblaciones desplazadas que argumentarían que están huyendo de zonas de operación de grupos terroristas. Asimismo, podría crecer el número de casos en tribunales federales, sobre todo si la medida se implementara también contra vendedores de drogas a quienes se acuse de formar parte o beneficiar a organizaciones terroristas.
