Un sistema anticorrupción debilitado
El Sistema Nacional Anticorrupción formalmente comenzó a operar hace casi ocho años y está compuesto por seis instituciones, ya que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que también formaba parte del entramado, desapareció.
El andamiaje nacido de una reforma en 2015 contempla como integrantes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y el Comité de Participación Ciudadana.
De los cinco integrantes ciudadanos, hasta hoy solo hay tres, pues dos dimitieron. Y una vez que Pérez Morales concluya su gestión este 28 de enero solo quedarán Blanca Patricia Talavera Torres y José Rafael Martínez Puón, ambos cuestionados por faltas administrativas graves y posibles hechos de corrupción, por lo que el CPC no podrá tomar decisiones.
“Ellos van a poder sesionar, dicen que lo van a poder hacer, pero no tendrían validez jurídica sus decisiones. Se requiere mayoría de sus integrantes y sus integrantes son cinco, no mayoría de los asistentes. Ahí habrá que tener mucho cuidado con lo que ocurra”, advierte.
Pérez Morena explica que aun incompletos hay mecanismos para llevar a ese Comité grandes casos de corrupción, pero eso no ha pasado, y a diferencia de otros países con resultados, en México se sigue discutiendo si es legal el nombramiento de una de sus integrantes, si va a ir el auditor a la sesión y otras cuestiones técnicas sin entrar a fondo.
El Sistema Nacional Anticorrupción se concibió como un espacio de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Se convirtió en un referente en la materia, sin embargo, los gobiernos morenistas –pese a tener como meta desterrar la corrupción en el país– mininizaron el papel de este andamiaje.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador lo llamó una "simulación" y omitió hacer nombramientos clave, con lo que comenzó su debilitamiento. También propuso desaparecer la Secretaría Ejecutiva del SNA y que sus funciones –como otras tareas– fueran asumidas por la entonces Secretaría de la Función Pública.
Ya con la presidenta Claudia Sheinbaum, la SFP se transformó en Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, presidida por Raquel Buenrostro, quien se encarga básicamente de estas tareas.
