Gobierno es ahora 'juez y parte' en transparencia; ven conflicto de intereses

Fernando Nieto, profesor e investigador de El Colegio de México, considera que estará en juego la credibilidad del nuevo sistema de transparencia, pues ahora toda la cadena —desde la recepción de solicitudes de información hasta la resolución de recursos de inconformidad— estará en manos del gobierno.

"El mismo poder que tiene la información es ahora quien deberá garantizar que se está dando la información requerida, lo cual genera un obvio conflicto de intereses y no queda claro cómo van a resolver eso en esta nueva arquitectura", señala el investigador en entrevista.

Otro riesgo es que el ejercicio del derecho al acceso a la información también se vea afectado tanto a nivel federal como estatal, debido a la desarticulación que sufrirá el sistema nacional de transparencia, advierte María de los Ángeles Estrada, directora de la iniciativa de Transparencia, Honestidad e Integridad del Tec de Monterrey.

De manera puntual, la experta en materia de transparencia y anticorrupción alerta sobre posibles retrasos y dilación en la entrega de información requerida por los ciudadanos.

Transparencia para el Pueblo

La presidenta Claudia Sheinbaum consumó la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) para sustituirlo por un órgano desconcentrado.

El 20 de marzo, horas después de que la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el gobierno federal publicó el decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con este decreto se abrogó la Ley General de Transparencia, que estuvo vigente desde 2016, y —a partir del 21 de marzo— se consumó la desaparición del Inai, organismo autónomo con 22 años de historia que procesó más de cuatro millones de solicitudes de información y permitió destapar casos emblemáticos de corrupción como "Odebrecht", "La Estafa Maestra" o "Segalmex".

Las tareas de transparencia, por lo tanto, ya no están en manos del extinto Inai, ahora son responsabilidad de Transparencia para el Pueblo , un nuevo órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que encabeza Raquel Buenrostro.

El gobierno de Sheinbaum tiene 90 días, contados a partir del viernes pasado, para emitir el Reglamento Interior de Transparencia para el Pueblo.

La extinción del Inai se dio de manera turbulenta, pues la semana pasada trabajadores del Instituto organizaron protestas para demandar el pago de liquidaciones o compensaciones económicas, y definir su posible transferencia a la Secretaría Anticorrupción.

De último momento, el organismo avaló que 419 trabajadores del Servicio Profesional -de los más de 700 que laboraban en el Instituto- accedan a una "percepción extraordinaria" de 90 días de salario, más otros 20 días de salario por año laboral.

La Secretaría Anticorrupción informó el viernes que el gobierno tiene capacidad para absorber a poco más de 400 trabajadores del Inai —en Transparencia para el Pueblo o en los 18 órganos garantes que serán creados— y afirmó que están garantizadas las liquidaciones de ley.

¿Cómo funcionará?

Las nuevas reglas en materia de transparencia ya establecen que serán 18 autoridades las encargadas de recibir y procesar las solicitudes de información: una por cada poder y órganos autónomos a nivel federal, así como para partidos políticos y sindicatos.

Además, en lugar de que existan 32 organismos locales homólogos al Inai, la transparencia queda a cargo del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de los órganos autónomos de cada entidad.

El organismos Transparencia para el Pueblo resolverá los recursos de inconformidad que interpongan los particulares en contra de las resoluciones emitidas por las otras autoridades garantes federales o de las entidades federativas, siempre y cuando, la solicitud se encuentre relacionada con el uso de recursos públicos federales.

Otra de las tareas que ya queda a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno es la administración del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).

De esta manera, se sustituye al SNT por el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, el cual ya no tendrá la facultad de regular la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) ni coordinará la protección de datos personales, pues esta última responsabilidad también recae en la Secretaría Anticorrupción.

Aunque la PNT continuará, ahora será operada y administrada por la Secretaría Anticorrupción.

Otra modificación es que ahora todos los juicios de amparo se resolverán por jueces especializados y no por jueces administrativos, como se hacia anteriormente.

Jorge Alberto Alatorre Flores, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, explica que ahora para revertir una inconformidad por la información brindada se tendrá que recurrir a jueces designados por el propio gobierno, quienes en su poder tendrán la decisión de revertir decisiones u ocultar información que es pública.

"Ahora lo que uno tendrá que hacer es recurrir al juicio de amparo, el cual, de entrada, se lleva muchísimo más tiempo, tiene un costo, tiene unas complicaciones intrínsecas y además ese juicio va a ser resuelto por 'jueces del bienestar' que evidentemente van a estar presionados por ese nuevo Tribunal de Disciplina… simple y sencillamente se trata de que el acceso a la información sea nugatorio”, señala el maestro en Administración Pública.

Sin anonimato

Diego Ernesto Díaz Iturbe, experto en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), coincide en que lo preocupante y cuestionable es que el gobierno sea "juez y parte”, y remarca que uno de los riesgos que estos cambios representan será un deterioro en la calidad de información a la que se pueda acceder.

Para el especialista, si bien antes se podía solicitar información de forma anónima, ahora el gobierno será quien administre y funja como interlocutor entre quien requiera información y las autoridades que deban responder.

Al perderse este anonimato, alerta, será más complicado realizar investigaciones periodísticas, pues la cobertura en temas sensibles como casos de corrupción, dejará de hacerse de una manera tan abierta.

Desaparece Compranet

Entre las propuestas de la presidenta Sheinbaum, está el reemplazar CompraNet con la "Plataforma Digital de Contrataciones Públicas".

La reforma al Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental en materia de contrataciones públicas plantea una nueva plataforma con el fin de automatizar el proceso de contratación pública.

A través de Compranet, sistema administrado y operado por la Unidad de Política de Contrataciones Públicas (UPCP) de la Secretaría de la Función Pública (SFP), los ciudadanos podían consultar información asociada a contrataciones públicas, por ejemplo, los contratos otorgados por el Gobierno a empresas privadas o información relacionada a adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios.

El 13 de marzo, el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados dos iniciativas que proponen desaparecer el Sistema CompraNet y permitir que dependencias públicas y proveedores, por primera vez, dialoguen con la finalidad de intercambiar información y generar mejoras en lo procesos de contratación.

"A diferencia del Sistema CompraNet, no solo será un repositorio donde se almacenen documentos e información, ni se enfocará solamente en funcionalidades aisladas, sino que permitirá una transformación digital que involucra todos los procesos que componen el ciclo de la contratación pública", indica la inicitiva.

Díaz Iturbe coincide en que los cambios a los mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas son muy poco alentadores, aunque consideró que en el caso de "Compranet", sí podría implicar más innovación.