El dictamen avalado propone la reorganización del sistema de contrataciones públicas federales y centraliza las facultades y el control de esas políticas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En tanto, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno podrá coordinar y supervisar los procesos de contratación, capacitar y certificar a los servidores públicos involucrados.
Además el dictamen de nueva ley reduce el umbral para adjudicación directa, del 30% al 20% del monto máximo para contratar mediante adjudicación directa.
Uno de los puntos más novedosos es que se posibilitan negociaciones con posibles contratistas antes de iniciar procedimientos formales, bajo la figura de “diálogos estratégicos” y crea la figura de “oferta subsecuente de descuento”, que también permite negociaciones con proveedores antes de las contrataciones.
También establece la modalidad de "subastas inversas" donde los licitantes pueden reducir su precio después de presentar sus propuestas.
En la sesión extraordinaria de la Comisión, donde se dictaminó la iniciativa presidencial, diputados de Acción Nacional (PAN) abandonaron la reunión pues acusaron diversas violaciones al proceso legislativo, como la falta de circulación del dictamen con cinco días de anticipación y el análisis de un dictamen sin que exista una evaluación de impacto presupuestal, como ordena la ley, señalaron Éctor Ramírez Barba, Rocío González y Héctor Saúl Téllez, quienes en protesta se salieron.
A los señalamientos se sumó la diputada del Partido del Trabajo (PT) Margarita García: “si no está la opinión de Presupuesto, pues para que lo tenemos ahí (el dictamen) hay que ser cuidadosos de la técnica legislativa, del reglamento, estamos en el ojo de los ciudadanos y no creo que por querer ahorrarnos tiempo, ahorrar tinta, no sé por qué se hace” dijo, aunque votó en pro.
“El dictamen no se va a ver si no está la opinión de Presupuesto”, ofreció el diputado Ricardo Mejía Berdeja, también del PT.
Ese dictamen de nueva Ley de Obras Pública se aprobó con 25 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
La Comisión se declaró en sesión permanente en espera de que sea recibida la evaluación de impacto presupuestal de un segundo paquete de reformas, también a propuesta presidencial para una nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, reforma las leyes Federal de Austeridad Republicana, de Economía Social y Solidaria, y General de Sociedades Cooperativas.
La Comisión también aprobó con 25 votos a favor el dictamen de reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para que la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados sea el órgano garante de ese ente auditor.
