Uno de los mayores aciertos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ha sido reconocer que la lucha contra la corrupción no puede recaer únicamente en las instituciones públicas, sino que se debe incluir a la ciudadanía en esta tarea. Por múltiples razones, los ciudadanos son una pieza fundamental para asegurar la eficacia de las políticas anticorrupción, comenzando por su carácter de actores independientes del poder público.
¿Es posible combatir la corrupción sin la participación ciudadana?
La participación ciudadana es indispensable para mover la maquinaria institucional anticorrupción a través de la denuncia, pero ¿cómo exigir que denuncie sin contar con protección suficiente?
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Además de ello, la denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción constituye la primera pieza del engranaje institucional para detonar los procesos de investigación y sanción; sin ella, ningún acto de corrupción puede ser perseguido ni castigado. Si bien las denuncias pueden tener distintos orígenes —como las autoridades fiscalizadoras o incluso los propios servidores públicos—, la participación ciudadana amplía de forma importante la capacidad de detección de este tipo de actos. Entre más ojos vigilantes existan, mayor será la posibilidad de identificar irregularidades. Incentivar la denuncia es un tema que cobra aún más relevancia en un país como México, donde la cifra negra de los delitos alcanzó el 93% en 2024 (ENVIPE 2025), lo que revela que la gran mayoría de los actos ilícitos no llegó siquiera a ser de conocimiento de la autoridad.
Entonces, no hay duda de que la participación ciudadana es indispensable para mover la maquinaria institucional anticorrupción a través de la denuncia, pero ¿cómo exigirle a la ciudadanía que denuncie sin contar con protección suficiente?, ¿cómo promover la denuncia frente a la profunda desconfianza en la eficacia de las instituciones, ante trámites engorrosos y procedimientos que rara vez avanzan? La denuncia sigue siendo, sin duda, una de las grandes asignaturas pendientes en la agenda anticorrupción, pero su fortalecimiento podría potenciar de manera significativa todos los beneficios de la participación ciudadana.
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Otra forma en la que la participación ciudadana impacta en la lucha anticorrupción es a través del trabajo de la sociedad civil organizada y de otros actores no gubernamentales, cuyo papel no solo resulta clave en la documentación de posibles actos de corrupción, sino en la generación de información sobre cómo avanza, quién participa y qué efectos genera la corrupción, así como en la defensa de los derechos de las víctimas, por ejemplo. Por años, el tercer sector ha sido pieza fundamental en la lucha anticorrupción y debe continuar así.
Finalmente, para que la participación ciudadana tenga un impacto real en la lucha contra la corrupción, debe contar con espacios efectivos en la toma de decisiones, que vayan desde los mecanismos de observación y vigilancia —como las contralorías sociales en materia de compras públicas— hasta instancias formales de representación dentro del propio sistema anticorrupción. Con ese objetivo se creó el Comité de Participación Ciudadana y se le colocó al frente del SNA. Si bien este diseño institucional aún no ha logrado mostrar los resultados esperados, es indiscutible que cualquier modelo de combate de la corrupción debe incluir la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Así como estos, existen innumerables ejemplos de cómo la participación ciudadana abona a la lucha anticorrupción. Una ciudadanía activa, crítica y vigilante promueve la efectividad de las políticas y evita que la corrupción opere sin contrapesos.
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